La presidenta peruana se ha propuesto ejecutar los mecanismos de control de la violencia ya practicados por su par salvadoreño Nayib Bukele. Autor: ANSA Publicado: 19/08/2026 | 01:44 pm
LIMA, agosto 18.— Con el argumento de combatir la delincuencia, el gobierno de Keiko Fujimori ha iniciado la militarización del país. Una medida cuestionada en su efectividad para enfrentar con éxito la criminalidad y de un alto riesgo represivo contra la democracia y los derechos ciudadanos, que se multiplica en un Gobierno de una agrupación política como el fujimorismo con una vieja y profunda tradición autoritaria.
Según detalló el diario Página 12, como parte de esa militarización de la seguridad interna que el régimen fujimorista ha comenzado a implementar en estas tres primeras semanas de su gestión, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, ha anunciado que las Fuerzas Armadas se encargarán de custodiar los penales. Al hacer este anuncio aseguró que los militares «no van a tener un rol decorativo» en las acciones «contra la inseguridad ciudadana», dejando clara la apuesta del Gobierno por la militarización. El ministro también anunció acciones para agilizar la expulsión de extranjeros que sean vinculados con actividades ilegales. Mientras el Gobierno comienza a militarizar el país, en la Cámara de Diputados, con mayoría opositora, se ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Defensa.
«Vamos (las Fuerzas Armadas) a tomar el control perimétrico de los penales. Vamos a tener un contingente (militar) para controlar el ingreso de todo, incluso del personal del INPE (Instituto Nacional Penitenciario, encargado de la vigilancia de los presos). Todo va a pasar por ese control», anunció el ministro de Defensa. Esta acción se anuncia como parte del combate contra los crecientes delitos de extorsión y sicariato. En el Perú hay cerca de 100 mil reclusos, con un crítico nivel de hacinamiento. Keiko Fujimori, que tiene un discurso militarista y de mano dura, ha expresado su voluntad de replicar la política carcelaria del régimen autoritario del presidente Nayib Bukele de El Salvador.
La militarización de los penales es parte de una serie de acciones que apuntan a entregarle a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad interna. Días atrás, el gobierno dispuso la presencia de militares armados en los buses de transporte público, como la respuesta gubernamental a los atentados contra los transportistas por bandas de extorsionadores. El transporte público es uno de los sectores más afectados por las extorsiones y los atentados para obligarlos a pagar. Pero esta medida no ha tenido impacto para disminuir estas acciones criminales. Por el contrario, en lo que va del gobierno de Fujimori, los asesinatos por armas de fuego se han incrementado.
En estos primeros 20 días del régimen fujimorista se han registrado oficialmente 102 homicidios, de los cuales el 77,5 por ciento fueron por arma de fuego. Antes de la llegada del fujimorismo al Gobierno, el porcentaje de asesinatos por armas de fuego respecto al total de homicidios era 71 por ciento. El nivel de homicidios en el país es de 10,4 por cada 100 mil habitantes. En lo que va de 2026 se registra un incremento de 15 por ciento de los homicidios respecto al año anterior y un 20 por ciento más en las denuncias por extorsión, las que en 2025 fueron 25 mil —se estima que solo se denuncia el 20 por ciento de las extorsiones—, tendencia al alza que se mantiene con el discurso de mano dura y la militarización del fujimorismo.
La preeminencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interna, desplazando a la policía, se refuerza con la militarización del Ministerio del Interior, bajo el mando del general en retiro del ejército César Astudillo, que ha colocado en los principales puestos de mando en el ministerio a oficiales del ejército. Esto ha ocasionado tensión con la policía. En este contexto de militarización, Keiko Fujimori ha anunciado que su gobierno busca incorporarse al Escudo de las Américas promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo el argumento de combatir la delincuencia internacional y que constituye un sometimiento a los intereses del régimen trumpista y se lanza de la mano con un discurso militarista para reprimir a las izquierdas y movimientos populares.
