El Departamento de Seguridad Interior —el engendro administrativo-represivo creado por el régimen de George W. Bush para regir su particular «guerra contra el terrorismo»— ejecuta a diario una campaña persecutoria contra los cerca de 12 millones de inmigrantes ilegales que se calculan viven y trabajan en Estados Unidos y también contra quienes les dan empleo.
Entre las medidas del programa restrictivo está la orden de que la Administración de Seguridad Social envíe 140 000 cartas a empleadores de ocho millones de personas cuyos nombres no concuerdan con sus números de Seguridad Social, en las que los conminan, en un plazo de 90 días a confirmar que sus empleados están legalmente en ese país o los despidan en caso contrario. De incurrir en el «delito» de dar trabajo a hombres y mujeres que, en muchos casos, llevan años viviendo en Estados Unidos, han constituido hogar y familia, y hasta tienen hijos estadounidenses, los empresarios también podrían enfrentar multas y cargos penales.
Charles Breyer, juez del Distrito Norte de California, dictaminó contra esa disposición, respondiendo a la demanda presentada en su contra por la Asociación de Libertades Civiles Americanas, la central sindical AFL-CIO, y otros grupos de trabajadores opuestos al programa bushiano.
Con los pies puestos en la tierra, y en defensa de sus capitales, se unieron al disenso frente al plan los agroindustriales que quieren evitar «una catástrofe» en el sector. Un vocero de la Asociación de Agroindustriales del Oeste, declaraba por estos días a Notimex: «Hemos dicho al gobierno que sabemos que nuestros trabajadores son en su gran mayoría indocumentados y que por eso mismo deberían ser legalizados, pero el gobierno sigue sin arreglar ese problema».
Se enfrentan ya a cierta escasez de mano de obra en los campos, porque las redadas de la Patrulla Fronteriza —reforzada por otro plan de la administración Bush— ha recortado el número de los que cruzan la frontera sur estadounidense en busca de trabajo y una vida que suponen mejor.
En el pasado año, ya reportaban una carestía de entre 40 y 60 por ciento de trabajadores agrícolas, y en la recolección de uvas, uno de los principales rubros californianos, fue del 90 por ciento.
El plan actual pudiera convertir en realidad lo que la ficción llevó a la pantalla grande en el filme Un día sin mexicanos, del director Alfonso Arau. En estos momentos, reportaba la agencia noticiosa mexicana, el campo estadounidense necesita un 30 por ciento de campesinos para recoger sus cosechas de vegetales en los condados fronterizos de San Diego e Imperial.
Hasta este miércoles 10 estuvo reunido en Los Ángeles, el II Congreso Nacional Latino, cuyos delegados condenaron unánimemente las redadas contra indocumentados que, aseguraron, evocan a las practicadas por la Gestapo hitleriana. Solo en un día, hace tres semanas, en la ciudad angelina fueron arrestados más de 1 300 inmigrantes, destruyen las familias, traumatizan a los niños y niñas separados de sus padres o madres, humillan a los latinos.
El Congreso denunció que comparado con los números de 2003, solo en las últimas semanas el Departamento de Seguridad Interna aumentó en mil por ciento las redadas y deportaciones, mientras que uno de sus brazos represores, la Agencia de Inmigración y Ciudadanía (ICE), anuncia que redoblará sus esfuerzos, porque considera que hay cerca de 597 000 inmigrantes indocumentados fugitivos y con órdenes de abandonar el país.
La Alianza Nacional de Comunidades Latinas y Caribeñas, una de las 500 organizaciones participantes en el Congreso, habló del «clima de terror y persecución», y también advirtió a las autoridades estadounidenses que «están errados, nuestra comunidad está aprendiendo a responder, a organizarse y a resistir», haciendo referencia a que recogerán los frutos de esas acciones «en las elecciones del año próximo».
Con este otro Plan Bush para la inmigración, se repite una práctica que ha sido elemento consustancial al surgimiento y desarrollo de esa nación, utilizar a los inmigrantes como chivos expiatorios de los males de una sociedad, sostenida sobre los endebles pilares de la explotación y la discriminación.
De seguir con esta respuesta a la reforma migratoria que no acaba de darse y menos aún parece dispuesta a solucionar de una vez por todas el problema, cabe una sencilla pregunta: ¿Quién va a recoger el tomate, arreglar las cañerías, trabajar en la construcción, fregar los platos y hacer avanzar la economía productiva y el desarrollo de una nación que alguna vez dijo: dadme a vuestros pobres?
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