No obstante, el gobierno boliviano sigue labrando las transformaciones sin salirse un ápice de la institucionalidad, y a pesar de que quienes «no quieren soltar» —como graficó para referirse a la oligarquía y los sectores pudientes— usan los espacios que la democracia les garantiza para sabotear el tránsito hacia el Estado económicamente suficiente y de justicia que preconizan el presidente Morales y el MAS. A fin de cuentas, así lo votó la aplastante mayoría.
Tres días después de aquella alocución, los prefectos de los estados bolivianos ricos —y por eso, separatistas— de Tarija, Benin, Pando y Santa Cruz, vuelven a poner la zancadilla con el auxilio de Chuquisaca y su ciudad capital, Sucre: esta, apostando a mantener la Constituyente inerme y empantanada; los otros, arremeten manipulando la propuesta del Bono que asegurará la renta a los ancianos.
Si tensiona el hecho de que el plazo extendido a la Constituyente para terminar la nueva Carta Magna vence el 14 de diciembre y aún no se le ha dejado aprobar un postulado, preocupa también el «ultimátum» que acaban de presentar las autoridades de los estados separatistas, agrupados en la llamada Media Luna, junto a Chuquisaca y Cochabamba: amenazan con medidas que llegan a la desobediencia civil si para el próximo 15 de noviembre no se ha decretado su autonomía y no se ha echado atrás la intención gubernamental de pagar la pensión a los ancianos con parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Se quejan que será un «recorte» para las prefecturas compartir las ganancias del IDH no solo con los municipios y las universidades —como fue hasta hoy—, sino, además, con el seguro de los bolivianos y bolivianas de más de 60 años.
Pero, si bien es cierto que del grueso del IDH saldrá el 30 por ciento para los pensionados, la verdad es que el incremento del Impuesto, gracias a la nacionalización decretada el primero de mayo de 2006, y los contratos en vigor, hará que la medida apenas se sienta. De hecho, las municipalidades recibirán más, y también algunos departamentos, dicen medios de prensa bolivianos al citar el presupuesto del año próximo, cuando la medida entre en vigor.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, ha explicado que las regalías que corresponden, por vía independiente, a los estados productores, compensarán sus mermas, que en general, significarán apenas el ocho por ciento del ingreso total de todas las prefecturas.
Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando están entre los departamentos que recibirán menos. Sin embargo, explicó el titular, «aún tienen ingresos de regalías que no se tocan, recaudaciones propias: eso amortigua el aporte que realizarán a la Renta Dignidad», explicó.
Santa Cruz, abanderada de las movilizaciones en contra del Bono Dignidad, recibirá más dinero que hoy.
Analistas y fuentes del gobierno han revelado la existencia, en algunas de esas prefecturas, de gruesas sumas de dinero que no se invierten en la población; mientras los prefectos —denuncian— viven como reyes.
¿Más tiempo a la Constituyente?A pesar de las violentas escenas del fin de semana en Sucre, se desestimó mudar la Asamblea a Oruro, como algunos han propuesto para sacarla del impasse a que la ha obligado la manipuladora, intransigente, y agresiva campaña de Sucre de exigir la plena capitalidad.
Custodiado por organizaciones sociales movilizadas desde otros puntos de la geografía boliviana, el foro ha asegurado que reabrirá sus puertas, finalmente, este miércoles.
En un mensaje que evidencia el dramatismo de la coyuntura, los obispos reunidos en la 85 Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Bolivia, pidieron la víspera salvar la Asamblea y optar por el diálogo. El llamado estaba a tono: antes, el Comité Interinstitucional de Sucre había convocado a otra vigilia para contrarrestar a los campesinos que amparan el enclave, anunciando así la posibilidad de nuevos choques.
La inconformidad de los denominados entes civiles de Chuquisaca y del llamado Comité Interinstitucional con todas las propuestas que han pretendido atender su demanda, confirman que la capitalidad plena es apenas una justificación para entrampar a la Asamblea, detenida por eso desde agosto.
El Comité Político de la Constituyente ha propuesto reconocer a Sucre su valor como capital histórica y otorgarle la sede del poder electoral y de algunas sesiones especiales del legislativo, dejando en La Paz al Congreso y el ejecutivo. Pero los otros insisten en una reprobación expresada el viernes en agresiones contra los asambleístas.
Claro que no actúan por propia inspiración. Más de una vez se ha denunciado la presencia conspiradora y soliviantadora de representantes del derechista partido Podemos, en Sucre y, también, de enviados de los estados separatistas.
Las próximas jornadas pueden resultar claves para desarticular el discurso mentiroso de los prefectos de la Media Luna, y para saber si finalmente los asambleístas se van a Oruro e, incluso, se extiende el plazo para redactar la nueva Constitución. De eso depende, en buena medida, la refundación.
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