Cualquier ciudadano en Cuba puede verse obligado en algún momento a violar algunas de las leyes vigentes, por una razón: el instinto de conservación es más fuerte que cualquier otra motivación.
La observación fue de un lector, tras leer el comentario En derecho, o en revés, publicado en una reciente edición dominical, en el que abordamos la trascendencia de enraizar la constitucionalidad y las leyes.
El matiz, expuesto en el espacio abierto en la edición digital del diario, subrayaba que cuando tenemos múltiples necesidades esenciales que no podemos satisfacer dentro de los marcos de legalidad vigente, cruzamos sus fronteras imaginarias e incurrimos en delitos.
Y agregó una interrogante: ¿Hay alguien que conozca a algún cubano simple que no haya comprado alguna vez un objeto o producto deficitario, desviado de alguna institución estatal, para resolver algún problema perentorio? …Ese delito se cataloga como «receptación» en nuestros códigos... El que esté libre de «culpa» que tire la primera piedra, acotó.
Mientras leo su observación recuerdo la apreciación hecha por el joven historiador y filósofo cubano Armando Chaguaseda, que ya en algún momento detallé en un comentario.
Chaguaseda bosqueja la contradicción presente en nuestra sociedad entre lo legal, en tanto cuerpo normativo institucionalmente determinado, y lo legítimo, visto como las actitudes ineludibles y cotidianas de los ciudadanos puestos ente la inapelable disyuntiva de «sobrevivir».
El joven investigador aborda lo imprescindible de consensuar auténticos pactos sociales que permitan superar asunto tan delicado, que erosiona el espíritu cívico y hasta de cierta manera la gobernabilidad.
Su opinión encaja perfectamente en los análisis que se derivaron del foro del Polo de las Ciencias Sociales que espoleó la columna cuyo título y esencia ya mencioné; y en el que se analizaron los resultados de una indagación del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, que valoró los resultados de la estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la cultura jurídica de la población, a partir de la percepción social.
En la investigación, como apunté anteriormente, se revelan una vez más los déficit que persisten en este campo, y los riesgos que ello implica para Cuba y su Revolución, porque, como se advirtió en el encuentro, el Derecho es transversal, y por tanto atraviesa todo.
En el mismo evento se abundó en lo necesario de hacer más énfasis en los derechos que en las prohibiciones, en la urgencia de revisar lo legislado o decretado que entorpece los proyectos de actualización económica y social del país, o hasta en quienes deberían ostentar facultades para adoptar determinadas decisiones de contenido legal.
Así que lo planteado por Chaguaseda no es un asunto secundario más, sino de esencia incuestionable. La república moral que nos hemos propuesto no puede continuar —distorsionada por los desajustes— favoreciendo un escenario donde los ciudadanos lleven dos vidas paralelas contrapuestas: una pública y una privada. Mucho menos continuar situándolo en contradicción con los valores que como pueblo hemos promulgado y estimulado con delirio: la honestidad, la decencia, el decoro, la integridad, la honorabilidad, la rectitud y la pudicia.
Estudiosos argumentan que determinados comportamientos que observamos en diversos ámbitos, están asociados, precisamente, con esos desequilibrios. Y estos son solo superables en la república armoniosa entre aporte social, ingresos y bienestar que buscamos cristalizar hacia el futuro; esa donde, como nos recuerda otro lector y enseña Montesquieu, las leyes sean tales que se puedan hacer cumplir.
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