Para sacar bien las cuentas sobre lo que nos cuestan ahora los productos agrícolas debemos evitar analizarlos tomando solo en consideración los precios máximos a pagar, como hacen muchos.
Porque el mayor desembolso corresponde, nada más, que a las mercancías de primera calidad, y se fija una rebaja del 20 por ciento para los de segunda y 40 para los de tercera.
Esa medida también va a favor del consumidor. En la práctica representa, más que quilos, pesos. Una simple operación matemática así lo revela. Tomemos, a modo de referencia, los productos de mayor costo para los consumidores. Por ejemplo, la libra de ajo tiene un precio máximo, primera calidad, de 14.50 de febrero a mayo, pero la de segunda vale 11.60. Con la cebolla, como con otros productos del agro, pasa igual.
Entonces, estos descuentos autorizados por decreto, según las calidades, requieren, quizás lo más difícil, que se apliquen en la práctica. Tampoco resulta algo extraordinario sino un reflejo exacto de las características de las cosechas que nunca son uniformes, más allá de la mala manipulación y conservación que atenta contra su estado.
Desde estas mismas páginas, en el comentario Platanicidio denunciamos, hace años, cómo en la entidad productora de plátano, de Quemado de Güines, tiraban los racimos de la carreta para el suelo y luego de este para los camiones, causándoles un incuestionable daño.
Y esta nefasta estiba, lamentablemente generalizada todavía hoy, perjudica viandas, frutas y hortalizas, sin que le cueste nada a nadie.
Ahora, con una buena aplicación de los precios de acuerdo con la calidad, también se puede atajar la mala manipulación, si le aplican el cambio de categoría cuando estén visiblemente dañadas.
En realidad, las disposiciones vigentes desde hace tiempo, que regulan la cuantía a pagar por los productos agrícolas, de acuerdo con sus características, tampoco se han aplicado eficientemente.
Basta recordar las reiteradas denuncias en la prensa sobre ese mal proceder e, incluso, de productos del agro que llegan a echarse a perder sin aplicárseles la rebaja.
Los precios máximos han entrado en vigor expeditamente, pero el reto está ahora en concretar, de igual modo, los descuentos. Para ello se requiere de una adecuada selección de las mercancías a fin de fijar los máximos y mínimos.
Mucho se habla del papel que deben jugar los inspectores en el cumplimiento de esas medidas, olvidándose olímpicamente que el primer deber de un administrador es acatar y hacer respetar las regulaciones de los organismos superiores. Y este falta a sus atribuciones, gravemente, cuando deja convertir la ley en letra muerta.
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