Como los manifestantes que demostraron su poder «persuasivo» cuando se movilizaron en Argentina contra la posibilidad de que la cárcel agravara la injusta sanción contra Cristina Fernández, también la fuerza de las bases populares ha hecho lo suyo en Colombia, salvando la distancia que separa a dos situaciones distintas.
Luego del decreto emitido por el presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular que canalizara o no la reforma laboral entrampada por la derecha en el legislativo, el Senado colombiano aprobó el martes la mencionada ley, en tanto la Cámara salvaba los últimos obstáculos para dejar pasar la reforma pensional, que tan importante resulta para los jubilados.
Pero la Corte Constitucional, respondiendo al reclamo de legisladores de la derecha que tildaron de ilegal el decreto llamando a la consulta, lo rechazó este jueves, razón por la cual Petro, que insiste en su carácter legal, ha dicho que acata la medida del alto tribunal, pero la apelará.
Muchos pudieran pensar cuál sería la necesidad de que los electores se pronuncien, si dos de las tres reformas principales en el programa del Gobierno están, finalmente, en vías de aprobarse. La otra es la de salud.
Sin embargo, la decisión del mandatario puede comprenderse porque a la reforma que debe mejorar la vida de los trabajadores de Colombia se le ha querido descafeinar, y todavía deben conciliarse los proyectos vigentes que van y vuelven por las cámaras del legislativo.
El Presidente había adelantado que hasta aprobarse el texto conciliado, se mantenía el llamado a la consulta declarado no institucional por la Corte y que él, pronto, estará apelando.
Así, con la presión de los sectores populares que le dieron el voto, y poniendo en alto su derecho a decidir, Gustavo Petro ha logrado en una semana que avance —aunque todavía no hay nada concluido—, lo que lleva más de dos años esperando.
Pese a todo, las noticias en torno a las reformas pueden resultar gratas para un ejecutivo que tiene ahora como trasfondo el terrible atentado a un senador del uribista Centro Democrático que sigue luchando por su vida.
Ha sido un suceso aciago desde el punto de vista humano; pero también es un difícil momento político, pues golpea al partido derechista al que pertenece el joven Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia, y al propio gobierno: algunos han querido manipular el hecho para señalar a un mandatario que ha querido ser empapelado y encartado para sacarlo de en medio manipulando la justicia —otra vez los hechos recuerdan a Argentina y a Cristina. Todavía no están claros los móviles de los autores intelectuales del intento homicida.
Así transcurre para el Gobierno colombiano el último año de un mandato que concluye en junio de 2026: luchando contra quienes siguen queriendo deponerlo, y abriendo paso a su programa, ahora, decididamente, con el respaldo de quienes votaron por el proyecto del Pacto Histórico. Recurriendo al pueblo.
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