Muchas de cal y una de arena, pudiera parafrasearse la mezcla —si se da por mejor la segunda— para aquilatar las primeras medidas del nuevo Presidente colombiano tras las urgencias que debió imponerle el terremoto del día 10, que ha afectado a 471 municipios de 15 departamentos del país.
Para poder disponer mejor de los recursos, el mandatario Abelardo de la Espriella decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica, lo que le permitirá movilizarlos tanto si provienen del interior como del exterior del país, e iniciar la reconstrucción.
Los fallecidos se contabilizaban hasta el miércoles en 314, según lo afirmado ese día por el Presidente y, por lo que se publica, no parecieran existir esperanzas de que puedan hallarse sobrevivientes entre los 262 ciudadanos reportados como desaparecidos.
Hay más de 4 400 heridos y han sido afectadas 262 154 personas de 147 464 familias. Más de 30 mil casas quedaron destruidas así como 302 edificios y poco más de 5 800 propiedades sufrieron daños a nivel estructural.
La medida durará 15 días y fue adoptada por decreto para «conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre», dijo la Presidencia citada por Telesur, en una decisión lógica y congruente con el momento.
Muy distante, por cierto, de la discriminación de la ayuda internacional brindada por distintos países y, sobre todo, del rastro de malas opiniones que sigue dejando la presencia de los uniformados israelíes, aceptados como rescatistas a bordo de equipos pesados que, según los afectados, parecen más factibles para arrasar que para salvar a quienes yacen bajo los escombros.
Pero de la mano con pareceres como ese, que deben redundar en mejoría para la población, van otros en sentido contrario, como dejar «sin texto» a las 20 llamadas Emisoras de Paz que opera el Sistema de Medios Públicos, y que han sido otro componente de un proceso pacificador iniciado con buen paso durante el mandato de Juan Manuel Santos y las negociaciones que tuvieron por corolario la desmovilización de las FARC-EP, junto a acuerdos adoptados por el Estado que debieron ser de obligatorio cumplimiento para el sucesor, Iván Duque.
Pero este, acérrimo enemigo de las salidas «en la mesa» como aprendió del magisterio de Álvaro Uribe, casi los deja morir hasta que el recién concluido Gobierno de Gustavo Petro no solo los trató de revertir.
El líder del Pacto Histórico bregó por extender las negociaciones a otros grupos irregulares con su política de Paz Total, que se basó en buscar ante todo la paz social y, si bien no fructificó totalmente, enriqueció los espacios alcanzados y contribuyó notablemente al propósito de hacer disminuir la violencia, combatiendo la desigualdad.
Con Abelardo de la Espriella, sin embargo, el solo anuncio de un programa que desconocería todo lo hecho en esa materia, y las advertencia con tono de amenaza, provocaron las primeras acciones de insurgencias que se deslindaron hace tiempo de movimientos guerrilleros negociadores.
Ello no solo pudiera plantear el resurgimiento de ese poco de conflicto armado que subyace aún en relativo silencio, sino de los momentos duros que los enfrentamientos, algunos procederes guerrilleros y las maneras inescrupulosas de la contrainsurgencia, llevaron a la población rural, con efectos devastadores.
Las emisoras son el resultado de uno de los acuerdos incluidos en los postulados que firmaron las FARC-EP y el Estado colombiano representado por Santos en las actas de 2016, y no han sido propiamente cerradas; pero los reportes dicen que solo se les permite transmitir música, lo que deja sin voz a los sectores poblaciones más «desprovistos», cuyos problemas no hallan eco en los grandes medios tradicionales.
Es apenas un paso de tantos anunciados en similar dirección, pero constituye el primer pétalo de un clavel que, lamentablemente, otra vez se deshoja.
