Hay escenas que se repiten demasiado en Cuba y desde la ciudad de Cienfuegos puedo asegurarlo. El cliente llega a un establecimiento, escoge un producto, pregunta si puede pagar por transferencia y encuentra, en lugar de una respuesta comercial, una piedra en el camino.
A veces el código QR está pegado en un lugar visible; otras, ni siquiera eso. Pero la conclusión suele ser la misma: el pago en línea, que debería facilitar la vida, termina convertido en una carrera de obstáculos. La inspección a los locales que no aceptan transferencias electrónicas tiene, por tanto, una razón que va mucho más allá de una formalidad.
Se trata de defender un derecho del consumidor, en un país donde disponer de efectivo se ha vuelto cada vez más complejo y donde las plataformas digitales constituyen, para no pocas personas, la única alternativa posible para comprar, pagar un servicio o resolver una necesidad cotidiana.
No es justo que alguien salga de casa con saldo en su tarjeta y vuelva sin poder adquirir lo que necesitaba porque un establecimiento decidió que la bancarización es opcional.
Tampoco es aceptable que el cliente sea obligado a buscar efectivo, pagar a otra persona para que transfiera o asumir un recargo solapado por utilizar una vía de pago legalmente establecida. La norma es clara: los actores económicos, estatales y no estatales, deben habilitar y aceptar modalidades de pago electrónico.
Pero una cosa es tener un código QR impreso, y otra muy distinta utilizarlo de manera efectiva. El primero puede ser una simple decoración; el segundo expresa respeto por el cliente, transparencia en las operaciones y responsabilidad con las reglas que ordenan la actividad comercial.
Por supuesto, sería ingenuo desconocer las dificultades. Hay fallas de conectividad, cortes eléctricos, problemas puntuales con las aplicaciones y limitaciones tecnológicas. Una inspección seria tiene que saber distinguir entre una situación objetiva y una negativa deliberada.
No se trata de multar por multar ni de convertir al inspector en un recaudador de sanciones. Se trata de comprobar, con rigor, si el establecimiento hizo lo que le corresponde para garantizar este servicio y si la supuesta imposibilidad es real o una excusa.
Porque también existen los otros casos: el negocio que tiene conexión, teléfono, saldo y código, pero se niega a aceptar la transferencia. El que prefiere el efectivo porque así evita registrar una venta. El que responde con evasivas ante el cliente y luego continúa operando como si nada. Contra esas prácticas debe dirigirse el control con mayor firmeza.
En Cienfuegos, ese proceso necesita abarcar todos los municipios y cada tipo de comercio. No puede limitarse a una visita esporádica en el centro de la ciudad, mientras en barrios, comunidades y territorios apartados continúa la negativa sin consecuencias.
La bancarización será útil en la medida en que funcione para todos: para quien compra pan, para quien necesita un servicio de transporte, para quien acude a una cafetería, para quien adquiere un artículo en una mipyme o en una unidad estatal.
La población también tiene un papel. Reportar una violación, conservar los datos del local, precisar fecha y hora, y acudir a los canales institucionales de denuncia no equivale a perseguir a nadie. Es defender un derecho. El silencio, en cambio, suele dejar el camino libre a la arbitrariedad.
Aceptar el pago en línea no es una cortesía del comerciante, es una obligación. Hacerla cumplir no será solamente un resultado de la inspección: será una señal de que, en Cienfuegos, el consumidor merece ser tratado con respeto.
