Letargo de injusticias

La gente merece respeto. Y eso no se demuestra con palabras altisonantes ni huecas declaraciones de fe, sino con hechos, especialmente con desagravios y atenciones cuando se afecta a alguien por una u otra razón.

 Con todo el derecho a la acusación, Nora Almoza Ochoa me escribe desde Avenida Nicio García No. 143, altos, entre 19 y 25, en el reparto Piedra Blanca, en la ciudad de Holguín. No es para menos la historia de su mamá, que parece salida de un letargo de injusticias.

Refiere la remitente que el 23 de enero de 2007, el ómnibus escolar chapa OSH885 no cedió a la señal de Pare, e impactó a una guagua de traslado de los trabajadores del aeropuerto civil de esa ciudad. En consecuencia, ambos equipos se proyectaron contra la vivienda de su mamá, sita en Aguilar 92, esquina a Cervantes.

El accidente afectó las paredes y la cubierta de la casa, así como muebles. Como si fuera poco, también hubo lesionados entre los que viajaban en el ómnibus del aeropuerto, y perjuicios a esa guagua y a la Empresa Eléctrica.

Por suerte, la mamá de Nora no estaba en la casa, ni tampoco su hermano, quien se encontraba hospitalizado en el IPK, en La Habana.

Después de aquel aparatoso accidente, es como si nada hubiera sucedido. Nora confiesa que ha corrido innumerables trámites sin obtener respuesta alguna: gobiernos municipal y provincial, Vivienda municipal y provincial, la Empresa de Ómnibus Escolares, entre otros.

El 29 de enero visitó la Fiscalía en Holguín y le dijeron que no existe ley alguna que asista a su mamá en casos como este. Y para colmo ha demorado sobremanera el envío de la documentación necesaria a la Fiscalía Municipal.

«Todavía a estas alturas —afirma—, con todo y lo ocurrido, me niego a creer que en nuestro país ocurran cosas como esta: que la vivienda de mi mamá se derrumbe, según pronósticos del personal facultado, y que a nadie le interese».

Es la tapa del pomo para esa señora, que ya de por sí lleva tres años corriendo trámites para la reparación del piso, la cocina y el baño de su propia casa. Y todo ha quedado en eso: vanas e infructuosas correrías de aquí para allá, tras unos materiales asignados que no aparecen. Es mucho con demasiado...

La segunda historia no es menos lamentable, y la cuenta Ada González, vecina de San Cristóbal No. 309, entre Quinta y Sexta, reparto Bengochea, en la ciudad de Santa Clara.

Refiere Ada que su hijo Luis Enrique Pérez González se encontraba cumpliendo el Servicio Militar, y a la unidad fue una funcionaria de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a ofertar la posibilidad de estudiar la carrera de Estomatología. El joven la solicitó y le entregaron el Modelo 7-1, que lo autorizaba a matricular en agosto de 2007, cuando causara baja del Servicio, y otros documentos.

Llegado el momento, Luis Enrique matriculó el 22 de agosto de 2007 en la Facultad de Estomatología de Santa Clara con todos los documentos y requisitos en regla. Comenzó sus clases en la Clínica de Especialidades de esa ciudad. Todo marchaba muy bien... hasta que el 22 de noviembre lo citan para una reunión urgente con sus padres en la Dirección Municipal de Salud, para informar que los alumnos desmovilizados de las FAR no podían continuar estudiando la carrera. Que había sido un error de alguien hacerlos ingresar por esa vía.

«¿Es justo que en instancias superiores se equivoquen y sean los estudiantes quienes paguen las consecuencias?», pregunta consternada la madre. «¿Por qué no se buscan alternativas a instancias superiores para que no pierdan su carrera, ni su año de estudio, sabiendo la afectación sicológica que le producen a esos muchachos? Que cada organismo responda por lo que tiene que responder», sentencia Ada.

Esa madre, esos muchachos merecen toda la atención del mundo. Y la solución.

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