Acuse de recibo
EL pasado 10 de agosto, desde Calle 23 Final, sin número, en la localidad matancera de Amarillas, denunciaba aquí Osmedy José Álvarez la imposibilidad de acceder al servicio de electricidad, luego de que construyera su vivienda por esfuerzo propio con todos los requisitos y permisos que establece la Ley.
Precisaba el lector que el 18 de agosto de 2010 había solicitado a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) un terreno para construir su casa, adquiriendo los materiales al precio en venta liberada. La DMV le otorgó el terreno, el cual está pagando mediante crédito bancario.
Concluida la vivienda, le dieron el habitable. Y fue a la Organización Básica Eléctrica (OBE) a solicitar el servicio. Allí le negaron el mismo, con el argumento de que él era todavía un «ilegal», que había que contar con el director de Planificación Física (PF) a nivel municipal.
El 29 de mayo pasado, el director de PF le revisó los documentos a Osmedy, y no encontró irregularidad alguna. E hizo una carta al director de la OBE para que le asignaran el servicio
eléctrico. El afectado se la entregó al director de la OBE, quien le dijo que no tenía validez alguna, pues seguía siendo un ilegal, y era la OBE provincial quien debía autorizarlo.
Osmedy le planteó el caso al Presidente del Gobierno municipal, quien le respondió que se iba a reunir con ambos directores. Una semana después, le aseguró al reclamante que el asunto estaba en manos del director de PF.
Se reunieron los directores de la OBE y de PF, y este último le comunicó a Osmedy que todo estaba solucionado, que le diera unos días.
Pero cuando me escribió el solicitante, ya habían transcurrido cuatro meses y todo seguía igual. No obstante, Osmedy fue al Gobierno municipal, y allí se encontró con los directores de la OBE y de PF. Este último arguyó que ya se lo había comunicado al primero. Y el primero insistía en su renuencia, bajo el argumento de que el reclamante estaba «ilegal», y no le iba a instalar el servicio…
Al respecto, responde Midiara Bauta, jefa de Despacho de la Dirección de la Organización Básica Eléctrica de Matanzas, que la comisión creada para investigar el caso visitó a Osmedy en su domicilio, y le explicó «que no existía microlocalización presentada por Planificación Física que avalara la electrificación del área; es decir, que la Empresa Eléctrica nunca fue consultada para la inversión».
Por esa razón, sostiene, en dos ocasiones se le informó a Osmedy que para la Empresa Eléctrica era ilegal, al no existir la evidencia por parte de Planificación Física para su ejecución.
Y agrega que la vivienda del reclamante se encuentra a 150 metros de la línea primaria más cercana, «por lo que se considera un área no servida, que para electrificar se necesitan recursos tales como siete postes, un transformador y otros materiales que requiere la construcción de una línea eléctrica».
Midiara concluye informando que, a pesar de las explicaciones dadas, el reclamante planteó que solo estará conforme cuando tenga electricidad.
Al margen de que la OBE haya respondido desde su perspectiva, al final uno se queda con muchas interrogantes y mensajes contradictorios, porque ni Planificación Física, ni Vivienda ni el Gobierno municipal han dicho ni esta boca es mía. Y en la versión del reclamante hay muchos elementos que no llegan a ser esclarecidos.
Lo cierto es que Osmedy construyó legalmente su vivienda con esfuerzo propio, a los ojos de todas las entidades en un pueblo pequeño, donde todo se ve. Si Planificación Física no hizo la microlocalización y la Eléctrica no fue consultada para la inversión, ¿por qué lo dejaron concluir su vivienda con tantos gastos y esfuerzos, y no lo alertaron de la «ilegalidad», cuando incluso le vendieron el terreno y los materiales y al final le otorgaron la condición de habitable? ¿Por qué el Gobierno local no puede mediar y resolver? ¿No existe la flexibilidad necesaria para armonizar criterios a favor de Osmedy, que no es el responsable de las contradicciones e incoherencias entre las instituciones?
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