Acuse de recibo
Desde la calle 3ra., escalera 15009, apto. 24, entre 7ma. y N, en el capitalino municipio de Boyeros, Alba Emilia Limonta Tito nos remitió varias preguntas sobre el proceso de adjudicación de subsidios que bien valían un tiempo reflexivo.
Su misiva, publicada aquí el 11 de enero último, daba cuenta de que la anciana solicitó la ayuda monetaria desde el 28 de junio de 2013, pero hasta el momento de escribirnos, varios meses después, todas sus gestiones se habían traducido únicamente en una espera sin resultados.
Mientras tanto, narraba la veterana, las condiciones de su hogar se deterioraban aceleradamente: problemas de plomería, carpintería, filtraciones... Ella, refería además, había estado asistiendo cada 15 días a la Asamblea Municipal del Poder Popular para contactar con la compañera responsable de los subsidios, y esta le comunicaba que sobre su caso aún no habían tomado una decisión.
En otras ocasiones solicitó el número de su expediente y la misma persona se negó a proporcionárselo. Al publicar el caso nos preguntábamos junto a la remitente: ¿Entrega los subsidios una persona en particular o una comisión a nombre del Estado? La tramitación, ¿no obedece a un plazo establecido y racional?
«Según se ha informado, las Direcciones Municipales de Vivienda, una vez recibidas las solicitudes de subsidio disponen de 15 días hábiles para conformar los expedientes y presentarlos a los Consejos de la Administración Municipal del Poder Popular, en tanto que estos disponen de 30 días laborables para su aprobación. ¿Alguna circunstancia singular o un problema organizativo impide seguir ese curso en el caso de esta mujer de 72 años?», cuestionábamos entonces.
A propósito responde Anaisa Almaguer Leyva, secretaria del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Boyeros, a nombre de esta entidad. Apunta Anaisa que la solicitud de Alba Emilia fue hecha el 9 de julio de 2013 y no el 28 de junio como alegaba la remitente; y que su expediente (No.479) fue elevado al CAM de Boyeros el 29 de julio, cumpliendo los días establecidos para tal gestión.
En la Dirección Municipal de Vivienda del territorio se presentaron durante el 2013 un total de 1 046 solicitudes de subsidio. De estas se elevaron al CAM 925 expedientes y esta instancia evaluó 256. De esta cifra finalmente se aprobaron 177, por un monto de 7 351 628 pesos, precisa la funcionaria.
Y apunta que, en virtud del Acuerdo No. 7387 del Consejo de Ministros, se establecen como prioridades para estas evaluaciones «los expedientes de familias afectadas por catástrofes (ciclones, inundaciones, incendios y otros considerados como tal) (...), los casos que están pendientes de concluir la acción constructiva y los casos sociales críticos, de manera particular aquellos encaminados a la erradicación de condiciones habitacionales vulnerables, identificados desde hace años por el sistema de la Vivienda, la Oficina de Atención a la Población del Poder Popular, los Trabajadores Sociales y Presidentes de los Consejos Populares».
«Quedan pendientes por evaluar en el CAM —detalla la funcionaria— 693 expedientes (por un monto de 25 607 545,65 pesos) por falta de financiamiento, entre los cuales está el de Alba Emilia»
La afectada, apunta Anaisa, fue atendida en dos ocasiones por la Jefa de Atención a la Población del Poder Popular, formuló un escrito que fue analizado por el grupo municipal y fue visitada por funcionarios de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y el CAM.
«Tenemos que aclarar que es facultad del CAM la función de analizar y evaluar cada caso para su aprobación o no, siendo rigurosos con el cumplimiento de los términos, los que no se han violado en ningún caso, siempre que exista respaldo financiero, que es asignado por el Consejo de la Administración Provincial», sostiene la Secretaria.
Agradezco la respuesta, pero hay algunos aspectos sobre los que me gustaría detenerme. Que el CAM no tenga los recursos a su alcance para dar solución con la celeridad deseada a todas las solicitudes de subsidio, es perfectamente comprensible; pero que no se informe del proceso de otorgamiento con la eficiencia y la transparencia adecuadas, a cada solicitante, es un agujero por donde puede irse la confianza de la gente.
Nada se dice en la respuesta de la negativa inicial de darle a Alba Emilia su número de expediente, por ejemplo.
Por otra parte, si se elevaron al CAM de Boyeros 925 expedientes y de ellos se evaluaron 256, el número restante no es 693, sino 669. ¿Cómo entender la diferencia de 24 expedientes?
¿Cuándo llegaremos al punto en el que haya transparencia en torno a las listas de espera, los recursos que entran y su empleo? Al final, lo que las distintas entidades estatales administran es patrimonio de todos los cubanos y garantía de nuestro bienestar colectivo.
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