Acuse de recibo
Allá en su hogar en callejón Maceo, edificio 2, apto. 3, entre I y J, reparto 24 de Febrero, en la ciudad de Ciego de Ávila, Eduardo E. Luna se pregunta si la legislación laboral puede quebrarse tan fácilmente, sin que nada suceda.
Relata el remitente que, cumpliendo todos los requisitos, y previa aprobación por el Comité de Expertos en el hotel Sol Cayo Largo, del polo turístico en la cayería Norte de Ciego de Ávila, firmó el contrato de trabajo el 26 de diciembre de 2014.
Al presentarse a su primer día de trabajo, el jefe del departamento de Administración del hotel procedió a cancelar su contrato, sin haberle dado una sola tarea para poner a prueba su capacidad de trabajo y aprendizaje.
El jefe, señala, alegó que Eduardo no podía aprender con la rapidez necesaria, «basándose en una simple cuestión de apreciación personal en la primera entrevista, lo cual contradice lo expresado en la proforma del contrato vigente en el hotel, y en el Código del Trabajo, el cual plantea que después de firmado un contrato de trabajo, para cancelarlo por cualquiera de las partes es necesario haber realizado un período de prueba de al menos de 15 días».
Con esos 15 días, señala, «se pudiera evaluar con realismo mi capacidad de trabajo, y no basándose en una simple apreciación a primera vista; por lo que considero estos hechos como una violación flagrante de mis derechos como trabajador».
Eduardo espera que se realice una investigación por las instancias correspondientes, sobre todo «para que estos hechos no vuelvan a repetirse con ningún otro trabajador».
Wilfredo Alonso Díaz (avenida 11 No. 1801, entre 18 y 20, Guara, Melena del Sur, Mayabeque) agradece públicamente a los médicos, personal de enfermería, pantristas y otros trabajadores de servicio de la Sala de Angiología del Hospital Enrique Cabrera (Nacional), en la capital, «por su derroche de amabilidad, buen trato y entrega total a sus pacientes».
Cuenta Wilfredo que el 12 de enero llegó con su padre a ese centro asistencial. «Y por ser mi padre diabético, tener el pie derecho casi al punto de ser amputado, y al principio de llegar al hospital, por la cantidad de trámites burocráticos que hubo que realizar y el “peloteo” hasta llegar a la sala, yo estaba algo molesto.
«Pero cuando ves y sientes el excelente trato de los médicos, enfermeras y el resto del personal, y veo a mi padre con su pie salvado, cuánta felicidad uno siente», concluye Wilfredo.
Laudet Fernández (San Bernardino 371, apto. 10, Santos Suárez, La Habana) escribe para manifestar la indignación de todos los vecinos de ese inmueble por la falta de respeto y la burla de que fueron objeto por parte de la brigada constructora que envió el Gobierno municipal de 10 de Octubre para reparar y pintar dicho inmueble.
Precisa que hace casi tres meses que no tienen agua, debido a que los reparadores tomaron la infausta decisión de cambiar los tanques del edificio sin tener los que iban a sustituirlos, con sus respectivos aditamentos y tuberías.
«Nuestro edificio —señala— tiene cinco pisos. ¿Usted se imagina lo que es cargar agua desde principios de octubre de 2014? La situación es de conocimiento del Gobierno, pues ya nos hemos quejado en persona, y nada ha sucedido para darle solución».
Para colmo, denuncia además Laudet un rosario de irregularidades en la reparación del inmueble: problemas de calidad, riñas e indisciplinas entre integrantes de la brigada, robo y desvío de materiales además de que no tienen los vecinos documento oficial alguno de los recursos que se han utilizado ni la cantidad de estos.
La jefa de la brigada, manifiesta, no ha mostrado preocupación, ni se interesa por solucionar todos los problemas ocasionados a los vecinos.
No es la primera vez que aparecen quejas aquí del mal trabajo en la reparación de edificaciones en la capital, y el consiguiente desvío de recursos. ¿Quién responde por tales maltratos y desafueros?
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