Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Aún resuena y hace reflexionar la historia de Yaumara Ramos Martínez, en la ciudad de Camagüey, revelada públicamente aquí el 29 de noviembre del pasado año.

Contaba entonces Yaumara que, ejerciendo como maestra de enseñanza primaria desde 1994, en octubre de 2011 fue peritada por afectación en las cuerdas vocales, una enfermedad profesional muy común en el sector educacional. Y como tal, requería un cambio de puesto de trabajo, por lo que pasó a laborar como bibliotecaria en otra escuela del distrito.

Pasados cuatro años, ella supo que tenía derecho a que le pagaran el 50 por ciento de la diferencia entre el salario de maestra y el de bibliotecaria, de acuerdo con la Ley 105 de Seguridad Social, en su artículo 35.

Yaumara planteó su problema a quien le atiende por el Sindicato Municipal de Educación. Y al acudir al distrito de Educación le dijeron que había pasado mucho tiempo, que si ella hubiera reclamado en los seis meses posteriores al peritaje sí se lo hubieran pagado.

Entonces reclamó al Órgano de Justicia Laboral de Base el 20 de febrero de 2015, y este falló a su favor el 21 de abril de ese año. Agrega en su carta que la demora en el fallo se debió a que, al transitar de un distrito a otro, se extravió el dictamen del peritaje y hubo que sacarle una fotocopia.

Pero cuando me escribió, ella seguía esperando por que se cumpliera con la Ley. Yaumara continuaba  preguntando por el pago, y le decían que estaban en los trámites.

La afectada se entrevistó en septiembre de 2015 con el director del distrito de Educación, y este la remitió con la jurídica.  Esta la envió con la jefa de Recursos Humanos, quien la citó para un día en que estaba reunida.

«Todavía estoy en espera, afirmaba Yaumara, y con muchas interrogantes, porque en noviembre me dijeron que no me pagaban porque los papeles los habían rechazado en La Habana, por ser una copia. ¿A quién me quejo ahora? ¿Es posible que por un mal trabajo y por mi ignorancia de mis derechos, se vea afectada mi economía familiar?».

Al respecto, responde Eldis Varona Lezcano, director municipal de Educación en Camagüey, que Yaumara tiene la razón, pues «en la revisión efectuada se confirmó que le corresponde el pago de la prestación equivalente a un porciento por la diferencia del salario que devengaba al momento del peritaje y el que comenzó a devengar en la nueva plaza».

Expone que la dirección del distrito Cándido González, por donde fue peritada la trabajadora, no dio seguimiento al proceso hasta su conclusión, y Yaumara, al no ser orientada sobre cómo proceder en su caso, no formuló su insatisfacción ante la instancia superior correspondiente.

Precisa que «la Dirección Municipal de Educación realizó los análisis pertinentes, de conjunto con la filial del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, para los trámites de aprobación del proceso de solicitud de pensión provisional realizada por la trabajadora Yaumara Ramos Martínez, valorando las violaciones cometidas, por lo que se procederá a depurar responsabilidades con los implicados en los distritos Cándido González y Joaquín de Agüero, y la propia estructura de la Dirección Municipal de Educación, lo que será informado oportunamente».

Añade que el pasado 7 de diciembre se le ofreció respuesta a Yaumara, quien el 17 de ese propio mes recibió con carácter retroactivo el dinero correspondiente, desde septiembre de 2011 hasta diciembre de 2015, que asciende a 2 681,87 CUP.

Puntualiza también que la Dirección Municipal de Educación está socializando todos los peritajes médicos de docentes a los cuales se les ha determinado no uso profesional de la voz y uso moderado en el transcurso de cinco años. Y a esos casos, se les certificará jurídicamente las plazas que se les pueden ofertar en cada caso.

Agradezco la solución que, compulsada por la publicación del caso de Yaumara, le ha hecho justicia al fin a esa trabajadora. Ojalá las medidas que se tomen con los responsables de esa injusticia y con quienes debieron controlar y supervisar, sean ejemplarizantes, para que tales insensibles olvidos no vuelvan a repetirse.  Y, por cierto, ¿qué sucedió con la queja planteada al Sindicato Municipal de Educación?