La obra es ilegal

En justa contienda, el consejo de vecinos del edificio ubicado en 5ta. No. 160, entre F y G, en Plaza de la Revolución, lleva más de un año batallando por que no se viole el derecho colectivo. Así lo contaron aquí los integrantes de esa entidad de representación: Dennis Cásares Benítez (apto. 14), Isabel Triana (apto. 1) y Alejandro Suzarte (apto. 15), el 2 de abril último.

Narraban los remitentes que la construcción violatoria en la azotea multifamiliar se hacía amparada por la licencia de rehabilitación-remodelación No. 136 otorgada en 2014 por la UMIV, pero para la entrega de dicho permiso, ningún organismo competente tuvo en cuenta que en 2006 y 2014 se habían emitido dictámenes sobre problemas estructurales del edificio, que impedían añadir un peso adicional a la edificación.

Igualmente evocaban que durante el proceso constructivo se habían desplazado tuberías y cables, tanto eléctricos, de agua, gas y teléfono, haciéndolos inaccesibles para el resto de los vecinos; además, se habían agravado las filtraciones en todos los apartamentos que tienen como techo la azotea.

La infeliz iniciativa de construcción había llegado al extremo de instalar un tanque de agua que excedía la capacidad necesaria a un apartamento, para uso exclusivo de los infractores.

Detallaban los remitentes el vericueto de gestiones legales e institucionales que se acometieron para detener el atropello, y que la obra había sido paralizada en cuatro ocasiones, pero las labores constructivas continuaban.

Hasta la presidencia provincial del Gobierno habanero visitó la edificación y determinó «la detención de inmediato de tales construcciones», referían.

A propósito de este conflicto, responde Juan Miguel Herrera Miranda, máxima autoridad de la Dirección Provincial de Planificación Física en La Habana (DPPF-LH). Apunta Juan Miguel que las acciones constructivas de marras pertenecen al apto. 17-B, cuyo propietario es Yasmani Santos Hernández. En visita a esta propiedad se pudo comprobar que a dicho inmueble «le concede la UMIV Certifico de Regulaciones Urbanas a nombre de Ana María Hernández del Toro (apoderada), de fecha 10 de octubre de 2014, para realizar: rehabilitación de la vivienda, es decir, una remodelación interior sin aumentar el área útil. Posteriormente se otorga por la UMIV Licencia de Obra de Rehabilitación y Remodelación, proyecto elaborado por el Arquitecto de la comunidad, bajo los principios aportados por el Certifico (…) emitido por la propia UMIV».

Añade el directivo que existe una carta de 16 de abril de 2015, dirigida a Dennis Cásares Benítez, presidente del Consejo de Vecinos, por Liduvina Poey Pérez, especialista principal del Grupo Plaza, arquitecta de la comunidad,  respuesta a la queja formulada por acciones constructivas ejecutadas en el inmueble de referencia, «donde se hace una investigación y se refleja que su entidad no emite licencia de obra».

Precisa asimismo el Director de la DPPF-LH que el consejo de vecinos impone una orden de paralización ante el Tribunal Municipal de Centro Habana y se dictó el Auto No. 108 (21/05/2015) a favor de estos. La otra parte interpuso un Recurso de apelación ante el Tribunal Provincial de La Habana y se dictó la sentencia No. 209 (16/11/2015), que daba con lugar a la apoderada Ana María Hernández del Toro. Una vez notificada la sentencia, comenzó nuevamente la construcción.

Detalla en su respuesta el funcionario otras acciones del caso. «Se trata de una obra ilegal, ya que la misma no cuenta con el autorizo para la ejecución (…) a partir del consentimiento escrito de los vecinos de la edificación multifamiliar (…) y que debe estar avalado por la Dirección Municipal de la Vivienda. Además, no cuenta con la Dirección Facultativa de la obra por el Arquitecto de la comunidad»…

Y comunica finalmente que a los miembros del consejo de vecinos se les recomendó lo establecido para estos casos: «impugnar la propiedad a nombre del titular Yasmani Santos Hernández (el área de la terraza), establecer un proceso administrativo ante el Tribunal, para que posteriormente se cumpla lo que se dicte en sentencia».

Casi sin espacio, solo agradezco la respuesta y espero que los procederes legales que les esperan a los miembros del consejo de vecinos no se alarguen demasiado. Al final, solo están reclamando detener lo que nunca debió comenzar.

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