Acuse de recibo
Nora Disotuar (Pedroso 66, apto. 8, entre Nueva y Cruz del Padre, Cerro, La Habana) es la presidenta del Consejo de Vecinos del edificio donde reside. Y, como tal, denuncia lo que califica de violación de los derechos de los residentes en ese inmueble.
Señala la remitente que durante muchos años, el parqueo ubicado en los sótanos de ese edificio fue utilizado por una empresa estatal (no la identifica), la cual dejó de usarlo a finales de 2014.
De inmediato, los vecinos fueron a la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) a solicitar que el área pasara legalmente a ellos. Y les informaron que habían dado 72 horas a la entidad para que mostrara la documentación que la identificaba como propietaria del parqueo. Y al no hacerlo la Empresa, en marzo de 2015 decide la DMPF otorgar el parqueo al edificio.
Pero en noviembre de 2015, trabajadores de dicha entidad entraron por la fuerza al área con un auto de chapa estatal. Y hubo que llamar a la policía para extraerlos, al amparo del documento que poseían los vecinos, firmado y acuñado por la propia Planificación Física.
A principios de 2017, agrega, volvieron los de la Empresa y amenazaron a la propia presidenta del Consejo de Vecinos con llevar el caso a tribunales, pues tenían otro documento, firmado y acuñado por Planificación Física.
«A nosotros nos ampara la Resolución 491, sobre el Reglamento de Edificios Múltiples, que en su artículo 10 dice que se consideran elementos comunes las áreas sobre las que se asienta el edificio. Y especifica que esas zonas, como sótanos o azoteas, no pueden ser objeto de división, por lo que no se pueden destinar para viviendas, como pretende hacer la Empresa», señala Nora.
Precisa la remitente que la entrada del parqueo está dentro del edificio, y siempre necesitaron que algún vecino les abriera para parquear. Pero hace unas semanas, refiere, volvieron a entrar violentamente al lugar que, dicho sea de paso, antes tenían lleno de escombros, hasta que los vecinos lo limpiaron para darle uso como parqueo.
«En la actualidad, afirma Nora, son cinco los propietarios que parquean en el lugar; pero los residentes de los 16 apartamentos estamos de acuerdo en que tenemos todo el derecho de utilizarlo. Queremos que se aclare la situación, porque un mismo lugar no puede tener dos dueños».
Rogelio Lázaro García de la Noval (avenida 69 no. 4805, entre 48 y 50, San José de las Lajas, Mayabeque) relata que en marzo de 2015 solicitó a Planificación Física por escrito un terreno para edificar su vivienda por esfuerzo propio.
Y a los dos meses se presentó allí. Una funcionaria llamada Yoleisi le comunicó que la compañera que visitaba las viviendas, hacía la entrevista y la tasación, tenía mucho trabajo, y que lo visitaría cuando pudiera. De paso, Rogelio aclara que vive a dos cuadras de Planificación Física.
Luego de aquella visita, fueron innumerables los acercamientos de Rogelio, quien preguntaba en qué estadio estaba su solicitud. Transcurrido un año, lo visitaron, y él continuó a la espera de una respuesta, siempre volviendo por aquellas oficinas.
A inicios de enero de 2017, Nilda, jefa de departamento, le informó que su caso se iba a presentar en el Consejo de la Administración para su aprobación, que fuera sin falta el 20 o 25 de enero. Y aún así, no llegaba la solución.
A mediados de marzo pasado, le informaron que su caso se había borrado del sistema, y que su nombre ni fue mencionado. «Conversé con Nidia, la directora del centro, señala, y le di constancia de mi situación y de la negligencia y falta de altruismo y humanidad con mi problema».
La directora tomó sus datos y le dijo que en la próxima reunión se presentaría su caso, el cual, efectivamente, había sido borrado.
«De la compañera, afirma, no tengo quejas por su explicación; pero sigo esperando respuestas y nada. ¿Cuánto tiempo más debo ser atropellado y pasar inadvertido? ¿Cuántos terrenos más van a ser otorgados para que llegue el mío?».
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