Cinco meses, y todo igual

En el pasado 27 de enero, Aldo Moreno Vázquez denunció aquí, en nombre de más de cien familias de la Comunidad de la CTC en la ciudad de Ciego de Ávila, que habían sido declaradas ilegales, aun cuando esa urbanización se erigió oficialmente entre 2006 y 2008.

En 2005, contaba, la CTC otorgó el derecho a construir por esfuerzo propio a trabajadores destacados. Y les indicaron iniciar la obra sin la documentación requerida. Ello, junto a otras violaciones, dilaciones e incompetencia de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, refería, provocaron que aún no tengan el título de propiedad de sus casas.

Legalizarlas, decía, enfrenta obstáculos, por la entrega arbitraria de los solares: aún con Derecho Perpetuo de Superficie (DPS) de un solar específico, daban otro alegando que luego se resolvería. Súmele a ello la entrega de licencias de construcción sin estar registradas, pérdida y extravío de expedientes, y retrasos de todo tipo.

Ahora, añadía, la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) plantea que la Comunidad se construyó ilegalmente, y las casas que están pendientes de legalizar no podrán hacerlo, pues el Decreto 322 de la Ley General de la Vivienda no lo permite. ¿Qué «ilegalidad», acotaba, en una comunidad creada por el Estado, con redes eléctricas, acueducto y alcantarillado, vías y aceras? Recordó que ese programa fue chequeado a pie de obra por las autoridades provinciales, y tributó entonces al plan de viviendas.

Cuestionaba por qué a tiempo nadie detuvo las acciones constructivas cuando se llevaban a cabo. ¿Dónde estaba Planificación Física cuando todo ocurría?», alegaba, e insistía en que durante años han denunciado la situación sin que haya respuesta.

El 17 de febrero, Jorge Luis Santana, subdirector jurídico de la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), respondía aquí que desde 2013 esa entidad presta atención especial a la situación del denominado Plan CTC: casos seleccionados por situaciones habitacionales críticas, que en su momento el Consejo de la Administración Municipal priorizó.

Reconoció «el malestar creado a beneficiarios de tan merecido estímulo», y aclaraba que los errores son de 2006 y 2007, pues algún funcionario indicó ejecutar la obra mientras se tramitaba la documentación, lo que no estaba dentro de las facultades de este. Y se ejecutó al margen de la Ley, sin las formalidades legales que prescribe el Decreto 272 de 20 de febrero de 2001.

Definía las ilegalidades cometidas: obrar con licencia de construcción sin otorgamiento de DPS o titularidad de dominio del suelo; construir en terreno sobre el que ostenta condición de superficiario, pero sin licencia de construcción; ejecutar sin licencia de construcción o  titularidad del suelo; construir con o sin licencia de construcción en terrenos por los que abonaron el precio del DPS sin que les tramitara el otorgamiento de tal derecho mediante resolución de la DMV; construir en parcela distinta a la originalmente asignada y por la que pagaron el DPS, y carecer de título de dominio del suelo donde se erige la vivienda.

El Subdirector Jurídico de la Dirección Provincial de la Vivienda apuntaba como pendientes de legalizar 58 casos, por lo que se indicó a la Dirección Municipal de la Vivienda hacer un levantamiento de los mismos, los cuales se remitieron a la Dirección General de la Vivienda.

Explicaba que como cambiaron las facultades de distintos organismos, se requería la participación de las Direcciones Municipales de la Vivienda y de Planificación Física, Notaría, Registro de la Propiedad y Banco Popular de Ahorro.

Reconocía la situación creada y la responsabilidad de Vivienda, y aclaraba que hasta entonces no había pronunciamiento de las autoridades administrativas, pero se comprometía en que esa dirección mantendría informados a los afectados.

Hoy vuelve a escribir Aldo para decir que tras cinco meses nada se ha hecho. En la asamblea de rendición de cuenta del delegado se pidió una reunión con los dirigentes del territorio que nunca se efectuó.

Solicitaron la presencia del Director provincial de Planificación Física, pues el 16 de marzo este había emitido un documento contentivo de la solución que se le daría al caso, y hasta mayo no se había hecho nada de lo que, según el mismo, se había aprobado en el Consejo de la Administración Provincial. Pero la reunión se suspendió por ausencia del directivo. Volvieron a solicitarla para el 29 de mayo y tampoco asistió, señala.

«¡Cuánta desilusión nos embarga al ver que han pasado cinco meses y todo sigue igual...!», sentencia Aldo.

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