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Incómodo proceso

Cuando la tunera Irma Espinosa Matos (calle Oscar Diéguez No. 25, entre R. H. Peña y Ernesto Velázquez, reparto Sosa) se decidió a escribirnos, llevaba alrededor de un año tratando infructuosamente de asentar la propiedad de su casa en el Registro de la Propiedad, para legalizar algunos cambios en la vivienda. Su carta salió en Acuse el pasado 2 de septiembre.

Entre otros avatares contaba la remitente que de tres arquitectos de la comunidad que visitaron su hogar para medirlo —operación por la que la propietaria pagó 476 pesos M.N.— los dos últimos no estuvieron de acuerdo con la primera medición. Una vez vencido ese paso del proceso, acudió la lectora al Registro de la Propiedad.

Le dijeron, tras un día de cola, que faltaba un certifico, que debía dirigirse a la Oficina de Trámites. Era aún temprano aquel jueves, así que allá fue la mujer. No estaban trabajando. Le indicaron que acudiera al otro día. El viernes venció otra cola y, cuando al fin le correspondió, la empleada la remitió a la oficina de los arquitectos radicada allí. De ahí a Vivienda Municipal y nuevamente al Registro de la Propiedad. Al llegar a esta última instancia «nos dijeron que la compañera (que debía atender) no había ido ese día y no sabían si iría luego», evocaba con gran disgusto la tunera.

Al respecto contesta José Andrés Pérez Cordero, director  de Justicia en Las Tunas. Expone José Andrés que ciertamente, al intentar Irma inscribir la propiedad de su vivienda, «le faltaba la Resolución de superficiario del terreno, documento necesario para este trámite; por tal motivo no fue posible realizarlo. Una vez obtenida la Resolución emitida por Planificación Física, el día 18/09/2017 se procedió a la inscripción del inmueble en el Registro, emitiéndole a Irma (…) el mencionado certifico en fecha 27/9/2017».

La comisión que investigó el caso comprobó, además, que la mujer se personó en el Registro de la Propiedad el viernes de marras. Allí la recepcionista le informó que la compañera que debía atenderla «se encontraba en la Dirección Municipal de Vivienda en la conciliación que se realiza, de manera semanal, los viernes (…), además le explicó que podía volver de lunes a jueves, pues son los días de atención al público», refiere el funcionario.

La queja —concluye— se calificó como «con razón en parte», y «después de haber decursado la recurrente por tan incómodo proceso se mostró conforme con la respuesta dada, pues ya tenía solucionado su problema».

Agradezco la misiva y, lo más importante, la solución, que llegó 25 días después de salido en la prensa el asunto. Ahora bien, más allá de la conformidad de la   remitente, no me parece que los «peloteos» sufridos      —el «tan incómodo proceso»— deban contestarse con tan escueta argumentación.

¿Estaba visiblemente informado a la población que los viernes no se atiende en la Oficina del Registro? ¿Y por qué entonces la cola que hubo de hacer la señora para que al final le comunicaran la negativa? ¿Y el jueves anterior, cuál fue la causa del no trabajo, ni siquiera mencionado por el Director Provincial? ¿Y la falta de consenso entre los arquitectos de la comunidad a la que tampoco se alude en la respuesta? ¿Acaso no existieron desinformación o métodos incorrectos en todo el trayecto de gestiones? ¿Y si fue así, se tomó alguna medida con los responsables?

Explicar a fondo a partir de una demanda ciudadana, nunca es una pérdida de tiempo o de espacio: siempre es ganancia.

Incomunicación en mir

Aunque vive en la capital (Bajo Costo 5, zona 4, Alamar, La Habana del Este), Pablo Andrés Fernández Domínguez padece el problema que cuenta cada vez que debe visitar a su madre para atender sus dolencias de salud.

«La carretera desde el cruce hasta el poblado de Mir y de Monte Alto (municipio de Calixto García, Holguín) está intransitable. Los hoyos son inmensos. Hace tres años la intentaron arreglar y fue peor. Ni pagando 50 CUC para salir de ahí e ir a Buena Ventura, al hospital, con mi mamá, lo he podido hacer. Nadie quiere entrar y tenemos que inventar para poder salir», se duele el remitente.

«La ambulancia que había en el policlínico un buen día se la llevaron y nunca regresó», señala el habanero. Y añade que «solo hay una guagua estatal que sale en la mañana y la mayoría del tiempo se la pasa en el taller… El único transporte para el 70 por ciento de la población que trabaja fuera, para los que van a los turnos médicos, etc., son los coches de caballo», evoca Pablo Andrés.

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