Acuse de recibo
Nelson Cruz Niebla (calle J No. 43, entre Nelson Fernández y Brigadier Rojas, Limonar, Matanzas) solo ve, como su segundo apellido, niebla, en lo referente a la propiedad de la casa que lleva habitando 29 años. El problema no solo incumbe a su familia, sino también a las de otros trabajadores del ramo que atraviesan similares incertidumbres.
«Muchos han sido los años de sacrificio de los obreros henequeneros del municipio de Limonar, trabajando noche y día, de sol a sol o bajo la lluvia en el campo. En el año 1985 nos dieron la oportunidad de hacer nuestras viviendas con esfuerzo propio, después las vincularon, y desde ese mismo año las comenzamos a pagar todos los meses. Dichas viviendas están pagadas hace varios años y todavía no se sabe quién va a resolver el problema de la propiedad», sostiene el matancero.
«La Dirección Municipal de Vivienda (DMV) dice que es el jurídico de la Empresa (no aclara el nombre exacto) quien tiene que darle solución a este caso, y el jurídico dice que él no tiene transporte para venir a Limonar, estando solamente a 18 kilómetros», evoca el remitente.
Según afirma, se han presentado múltiples quejas al Gobierno y al PCC en el municipio de Limonar y tampoco han sido fructíferas. Cuando más, les han contestado que eso es un asunto de las entidades de Vivienda, pero no se respalda a los demandantes para viabilizar la solución.
La veterana capitalina Doris Rodríguez Ponce de León, vecina de Alegría 454, apto. 15, entre San Ignacio y Bayamo, Víbora Park, Arroyo Naranjo, La Habana, escribe casi telegráficamente para identificar una carencia que ha notado y puede ser preocupación de otros tantos consumidores: «La presente es solo para hacer una pregunta, no es necesario que me visiten. Tengo 70 años y no necesariamente una puede abstenerse de tener vicios. Si llegan a una, dos o tres bodegas, es suficiente para comprender mi pregunta: ¿Dónde están los cigarros Aroma?».
Aunque su nombre legalmente es Ismael Corona Tamayo, se siente y autoidentifica «como chica trans»: Tuquiña Batista (Luz Caballero 471A e/ A y B, reparto San Nicolás, Manzanillo). Y acude a estas líneas porque ha chocado con barreras injustificadas para acceder a un puesto laboral en convocatoria.
A principios de abril último se presentó a la Unidad Municipal de Servicios Jurídicos, de su ciudad, en la cual estaban ofertando cuatro plazas. Para estas se requería: no tener antecedentes penales, haber aprobado el 12mo. grado y poseer conocimientos de computación, narra la granmense.
«La recepcionista nos informó que el que debía atendernos era el administrador y este no se encontraba. Al regresar en otra ocasión él mismo nos dice que no estaban recibiendo otras solicitudes, porque se encontraban procesando a dos personas, que por ello debíamos de esperar 15 días.
«Me personé de nuevo el 30 de abril y solicité la plaza al administrador (…). Por respuesta solo tuve que debía de regresar el 2 de mayo. El día antes mencionado regresé a la entidad y este señor me tomó los datos a regañadientes, y terminó la entrevista (afirmando) que tenía que esperar 15 días. Hasta el momento (4 de junio) no he tenido respuesta positiva ni negativa a la solicitud de la plaza de trabajo. Poseo el título de 12mo. grado, no tengo antecedentes penales y estoy graduada de operadora de micro, tres condiciones indispensables para optar (…). Luego, al presentarme de nuevo a dicha institución se me comunicó que ya han ocupado una plaza, pero no me dan respuesta de las tres restantes, como tampoco me han dado respuesta a la solicitud presentada», evoca la doliente.
¿Por qué el mal procedimiento? ¿Quien abre una convocatoria de esta índole no se compromete de antemano a ofrecer un trato respetuoso, eficiente e igualitario a todos los aspirantes?
