Acuse de recibo
Pasa un año, llega otro, y ensordecemos cada vez más por el irrespeto a los oídos del prójimo, sin que muchas veces las autoridades correspondientes hagan valer ese derecho ciudadano frente al desenfreno musical con su hiperdecibelia.
René Mesa Tielves reside en el edificio 22 de calle C, en el reparto Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río. Muy cercano a su vivienda, el mercado comercial inunda el éter de música a altos decibeles. Y cuenta que después de hacer incontables gestiones con la Policía, los gobiernos Municipal y Provincial, Salud, Higiene y el Citma, al fin el 12 de marzo de 2019 recibió una respuesta.
Esta provenía de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología, y planteaba una serie de acuerdos por los organismos implicados, en cuanto a que se limitarían las actividades allí, y se les bajaría el volumen para no afectar a la comunidad. Ello, según René, se cumplió pocos días. La música a altos volúmenes resucitó. Y el 12 de abril de 2019 René denunció por escrito a los órganos de Gobierno, Citma, Higiene y Fiscalía de la provincia la insoportable situación.
El 16 de abril René hizo otra carta, esa vez al Presidente de la República. Esta señalaba «el irrespeto que se tiene con los planteamientos efectuados, y la poca gestión que se posee por los organismos responsables, considerando desde el punto de vista personal que no se ofrece respeto a las autoridades competentes, ni a los derechos constitucionales que poseo como ciudadano».
Pero al fin no la envió, esperando a realizar otras gestiones, pues piensa que el problema se puede resolver localmente, sin implicar a esos niveles centrales de país.
Y el 26 de agosto de 2019 recibió una respuesta de la Dirección Provincial de Cultura, firmada por su directora, Niurka Llambía Cala, quien explica que esa área se aprobó temporalmente para festejos en el verano; pero que se reducirían los decibles a un nivel entre 35 y 40.
Cuando ayer me escribió René, continuaba la música con volúmenes nunca antes escuchados, y se atormentaba su vivienda y su estado de salud auditiva, al extremo de no poder controlar la situación.
«Mi criterio personal, afirma, es que las autoridades competentes que han ofrecido respuestas sobre la situación, no se hacen respetar. O que las personas que tienen que ver con las actividades que se realizan en esta área las irrespetan. Y así no se logrará nunca avanzar, pues cada cual hace lo que mejor le parezca. Las autoridades deben controlar lo que se acuerda. De lo contrario, nunca lograremos dar continuidad a la sociedad a la que se aspira, una sociedad disciplinada y con valores culturales», concluye René.
Noel Martín González (San Manuel 17, Cascorro, Camagüey) es un campesino asociado a la Cooperativa de Crédito y Servicios Tiburcio Esquivel, productor de crías de cerdos al destete. Y como tal, tiene un convenio con Porcino de Camagüey, mediante el cual esa entidad debe suministrarle componentes para la alimentación animal.
Pero las cuatro toneladas y 740 kilogramos de naprovín que le suministraron carece de calidad y es perjudicial para los cerdos: En su mayor porciento, se compone de piedras y cáscara de maní molidos, que no facilitan el aumento de peso de esos animales, y les ocasiona diarreas con sangre. Y la prueba es que al suspenderle ese producto desaparecen los síntomas.
«Al yo depender de ese pienso, afirma, si no se me vende otro con la calidad que debe tener, no podré cumplir lo pactado, como lo he logrado en 18 convenios anteriores».
Ha planteado tal situación al director de Porcino, al veterinario y al gobierno municipal, pero no aparece la solución.
«Abogo por que se analice en el laboratorio una muestra de ese alimento, y, comprobada la alteración en su composición, se autorice a que se me venda el pienso correcto para poder cumplir», termina.
Lo más preocupante, y que debiera responder Porcino de Camagüey, es cómo se puede engañar así a un campesino, y no resolver su reclamo.
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