Acuse de recibo
Rafael Clavijo Urquiza (calle 2da, No. 2, Dos Ríos, Palma Soriano, Santiago de Cuba) lleva más de 30 años laborando en el sector azucarero, y 19 de estos en Ferroazúcar Santiago, UEB Julio Antonio Mella, que radica en el propio Palma Soriano. Y se define como «siempre consagrado a mi trabajo, a pesar de tener serios problemas de salud».
Fue operado de un riñón, con varias complicaciones que obligaron a reintervenirlo: peritonitis, un íleo paralítico y una bacteria que casi le cuesta la vida.
«Solo la pericia de nuestros médicos me sacó de terapia intensiva 12 días después, afirma. He tenido tratamiento y complicaciones desde hace año y medio aproximadamente; además, una bronconeumonía bacteriana dejó secuelas en mis pulmones hasta hoy día».
Después de un año comenzó a trabajar aún sintiéndose mal de salud, por lo que solicitó al Director dos meses de licencia sin sueldo, la cual le fue aprobada el 16 de marzo de 2020, cinco días después de detectada la COVID-19 en Cuba.
Y transcurrido un mes, le llamaron a trabajar sin cumplir el tiempo acordado. Tenía que incorporarse. Según el Director, él tiene facultades para dejar sin efecto la licencia sin sueldo cuando lo considere.
«En más de 30 años de trabajo jamás opté por este derecho, aclara. Y el Director me dijo que pidiera la baja y me fuera de la empresa. Al final, como yo tenía razón culminé el tiempo pactado».
En ese momento ya la dirección del país había dado las orientaciones sobre la protección a personas vulnerables a la COVID-19 por diferentes padecimientos. Rafael se dirigió al área de Salud, y de conjunto con la médico de la familia se le hizo el resumen de historia clínica, el que presentó a la empresa para acogerse a la Resolución OM-455 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social para trabajadores vulnerables a la COVID-19. Él es hipertenso, presenta un enfisema pulmonar, y ha debutado con diabetes mellitus. Todo eso está en el resumen que entregó y no le han devuelto.
«El Director me manifestó que él decidía que yo no podía acogerme a la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la COVID-19», precisa. Y en la Dirección de Trabajo del municipio le dieron la razón a Rafael. Pero su Director insiste en que tiene que subirse al tren.
«Necesito ayuda y respuesta. Estoy casi al pedir la baja e irme, pues no dejan de presionarme», concluye.
Bastante molesto me escribe Daymel Bello Quesada (edificio 3, apto. 47, Bentré, Bauta, provincia de Artemisa), un estudiante de 6to. año de la carrera de Medicina que se siente excluido del tratamiento especial que, en medio de la COVID-19, ha tenido el personal de Salud Pública, para adquirir alimentos y bienes de aseo sin necesidad de enfrentarse a las complicadas colas para ello.
Cuenta que en el municipio de Bauta se diseñó una tienda para ello. Él fue hasta allí y le dijeron que no podía comprar porque no aparecía en la lista. Fue al Sectorial de Salud y allí le indicaron que pueden comprar los trabajadores del municipio y los estudiantes de años inferiores que están haciendo pesquisas.
No obstante, le aseguraron que se iban a reunir con la Dirección Municipal de Salud para ver si podían incluir a los internos con el resto de estudiantes. Y Daymel esperó varios días, hasta que la respuesta recibida precisa que los internos tenían que comprar en el área donde brindan sus servicios: En su caso, en San Antonio de los Baños, pues está realizando allí su última rotación del curso en la especialidad de Medicina Interna.
«La respuesta no me convenció del todo, indica, ya que al culminar mis estudios sigo perteneciendo al municipio de Bauta. Pero decidí hacer lo que me orientaron y esperar. Hoy se repartió un módulo para los trabajadores del hospital, y a los internos ni nos avisaron, porque tampoco estábamos en la lista.
«¿Los estudiantes de 6to. año pertenecemos a Salud Pública? ¿Acaso no somos prioridad cuando estamos en contacto con pacientes todo el tiempo e incluso algunos hemos estado aislados por contacto directo con pacientes positivos a la COVID-19?», concluye Daymel.
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