Acuse de recibo
Para Erodis González Piñeiro, una cosa son las medidas laborales del Gobierno en tiempos de coronavirus, y otra muy diferente las interpretaciones muy particulares que pueda hacerse de ellas por ciertas administraciones, hasta incluso negar el espíritu de las primeras.
Erodis (Calle José Martí No. 7A., reparto Piti Fajardo, Caney de las Mercedes, Bartolomé Masó, Granma) cuenta que la mamá de su hija, Flora Quintana Gamboa, trabaja como dependienta en la panadería de esa localidad. Y en noviembre de 2019 cumplió 60 años, edad para solicitar la jubilación. Pero por necesidad de personal de su centro, decidió trabajar seis meses más.
El 15 de marzo pasado Flora cogió 15 días de vacaciones que tenía acumulados y fue a Sancti Espíritus a ver a su mamá enferma. Y desde el 24 de marzo, al interrumpirse el transporte y con las medidas de aislamiento por la COVID-19, quedó del lado de allá, y no ha podido retornar.
Ahora la administración de la panadería plantea que por no estar presente, Flora tiene que acogerse a una licencia sin sueldo hasta que regrese y decida si sigue trabajando o presenta la jubilación.
Erodis sostiene que debe considerarse que si Flora hubiera estado presente, estaría en su casa en condición de interrupta, cobrando el ciento por ciento el primer mes y a partir de ahí el 60 por ciento, pues con sus 60 años clasifica como vulnerable. Sospecha que el tratamiento ha sido injusto y violatorio, y solicita un esclarecimiento.
Si dañino es el tratamiento en la historia precedente, al final de la vida laboral de una trabajadora, igualmente confuso y necesario de esclarecer es el caso de un joven apartado de su puesto cuando apenas comienza su experiencia de trabajo.
Pedro Gómez Pérez (Avenida 37ª, Edificio 21814, apto. 8, entre 218 y 222, reparto Versalles, La Lisa, La Habana) refiere que el hijo de su esposa, Doylys Legrat Garcia, cumplió 17 años en noviembre de 2019 y concluyó el curso de obrero calificado, por lo cual le dieron la posibilidad de cursar el técnico medio, al tiempo que se procurara su ubicación laboral.
Así lo hizo. Y en febrero pasado comenzó a trabajar como ayudante, en la UEB Servicios Técnicos Especializados de la Empresa Metal Mecánica Varona. Así estuvo laborando hasta que llegó el coronavirus y se acogió al tratamiento dado a otros trabajadores. Pero en mayo le cerraron el contrato sin comunicárselo siquiera. Al consultar el saldo en su tarjeta magnética, estaba en cero. La madre del muchacho consultó con su jefe inmediato, quien no tenía conocimiento del asunto. Y la jefa de Recursos Humanos le explicó que por una resolución superior, a todos los trabajadores que no tenían el tiempo mínimo se les cancelaba el contrato.
«¿Dejar a un trabajador joven desamparado económicamente y en tiempos de pandemia, cuando el país hace tanto por todos sin mirar siquiera el estatus social?, cuestiona. Creo que han actuado mal, y es una deshonra para una empresa tan poderosa y prestigiosa apartar así de sus filas a trabajadores jóvenes».
Alexis Pérez Bayans (Calle 23 No. 5603, entre 56 y 58, Cienfuegos) es discapacitado y pertenece a la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim), y vive con su mamá, que tiene 81 años. Y en estos tiempos de pandemia, tiene que salir a la calle a buscar los alimentos.
Cuando va a las tiendas en divisa, panaderías y otros establecimientos comerciales, ante las colas que se hacen para adquirir alimentos, se identifica con el oficial que protege el orden de la cola, y hasta ahora le han dado prioridad.
Pero de momento, se erradicó la consideración. Le dicen que tiene que hacer la cola, a un hombre que le cuesta trabajo estar de pie tanto rato.
«Si hay disposiciones que me protegen como discapacitado, dice, ¿por qué no se cumplen? ¿Quién la cambió? Necesito una explicación, y ayuda. Mi mamá no puede salir a hacer colas, yo tampoco. Ella recibió la ayuda alimentaria de los trabajadores sociales, pero no cubre todas las necesidades y hay que comprar otros alimentos».
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