Acuse de recibo
Maritza Pozo Coya (Diego Velázquez 256, entre 6 y A, reparto Zamorana, Santiago de Cuba) cuenta que dos meses atrás unos vecinos montaron un taller de soldadura en la azotea de su vivienda, que colinda con la de ella y de otras casas.
«Mi vida se ha hecho insoportable, dice, porque desde las ocho de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde es el golpeteo del hierro. Es como si lo hicieran dentro de mi casa, que es pequeña, y ya está afectando mi salud. Mi presión no baja de 220 con 100, con dolor precordial.
Maritza decidió hablar con el jefe de Sector de la Policía, quien le expresó que si ellos tenían licencia de trabajo por cuenta propia no había nada que hacer. Y ella le respondió, refiere, que para dar una licencia de ese tipo hay que respetar las regulaciones. Y que ese taller montado en la azotea no solo provoca contaminación sonora; si no que también afecta los equipos electrodomésticos de los vecinos, en una zona que es de bajo voltaje.
Al fin, le aseguraron que irían a hablar con esa familia. Pasaron unos días y el ruido cesó. Pero de nuevo todo sigue igual que antes. Y el ruido es inaguantable. «¿Qué hago, mudarme?», pregunta Maritza.
Sergio Carballosa Mayea cuenta que en la cuartería donde vive, en Avenida 21, entre 12 y 14, en Caibarién, Villa Clara, la esperanza llegó en 2012, cuando el Estado mejoró las condiciones de ese inmueble, al punto de que cada familia pudo tener baño independiente, entre otras mejoras.
Pero un vecino que hace poco más de dos años se mudó para la zona, y cuya casa colinda con el patio donde fue construida la fosa séptica hacia la cual se vierten los desechos de las siete familias, se apoderó de parte de ese terreno y decidió cerrar la fosa, afirma.
Resultado: los desechos pululan por el pasillo de la cuartería, como un peligro para sus habitantes, además de la fetidez insoportable.
Los vecinos se han quejado ante el Gobierno municipal, Planificación Física, la Dirección de la Vivienda, Acueducto y hasta la Fiscalía, entre otras entidades. «Vienen, ven las condiciones de insalubridad, se asombran y todo queda ahí. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna», manifiesta Sergio.
Tanto esta historia como la anterior revelan cuán desprotegidos quedan los ciudadanos cuando las autoridades competentes no hacen valer el espíritu de la ley y los dejan abandonados a su suerte, mientras impera la impunidad de quienes no respetan los derechos del prójimo.
El pasado 7 de julio, y desde el barrio marino de Cojímar, en la capital, Victoriano Picornell denunció aquí que frente al célebre restaurante La Terraza desde hacía tres meses un salidero de agua potable la vertía impunemente.
«Todos los organismos y entidades conocen de esa situación…Y Aguas de La Habana lo que plantea es que ha solicitado permiso para picar la calle y no le ha llegado», planteaba Picornell.
Al respecto, responde Halina Guerra Castro, jefa del Departamento de Atención al Cliente de Aguas de La Habana, que «en inspección realizada por funcionarios del Centro de Incidencias se pudo corroborar el salidero de agua potable expuesto por el recurrente, debido a roturas en la acometida, que tiene su origen en su antigüedad y explotación».
Refiere que «los trabajadores de la Base de Acueducto Este realizaron las labores de cambio de dicha acometida hasta los límites establecidos, dando lugar a la eliminación de la fuga de referencia. Y el 9 de julio se pudo comprobar la normalidad del servicio y calidad de las labores ejecutadas».
Agradezco la respuesta y la solución inmediata del caso. Lamentablemente no se explica el por qué no se pudo hacer en tres meses lo que se resolvió de inmediato; si fue porque no tenían permiso para picar la calle en todo ese tiempo, pero rápidamente lo resolvieron cuando salió la queja publicada.
