Acuse de recibo
Roberto González Beltrán (Ave 99ª, no 3405, entre 34 y 36, Las Delicias, Cotorro, La Habana) relata una historia de infernal burocratismo: Hace cuatro años, su abuela Xiomara Toledano Folch intentó infructuosamente hacer los trámites de la vivienda, sita en Avenida López no.80, entre 1ra. y 2da., en la localidad de Justiz, municipio capitalino de Habana del Este, después del fallecimiento de su esposo, propietario del inmueble.
Y al solicitar los certificados de nacimiento de los hijos en el Registro Civil de Campo Florido, salieron con error en los apellidos. Hubo que volver a solicitar dichas certificaciones varias veces.
Y por la demora, el acta de última voluntad se venció tres veces. Los servicios de Planificación Física se tardaron, pues el funcionario encargado de ir a la casa para realizar el procedimiento decía que no tenía transporte.
Al concluir con Planificación Física, pasó a la Dirección Municipal de la Vivienda, donde la firma del director demoró casi un año. Y al momento de presentar la certificación de matrimonio, le dijeron que no era válida, pues el documento no tenía ni tomo ni folio, a pesar de ser emitido por el Archivo Nacional.
Todo se comunicó al Ministerio de Justicia, y en días se recibió la llamada del Archivo Nacional pidiendo perdón y facilitando el certificado con su debido tomo y folio.
La Dirección de la Vivienda de Habana del Este la remitió para su similar en Guanabo, donde le sugirieron contratar a una abogada para concluir el caso. Se contrató la abogada el 10 de octubre del 2020, le recogieron la actual propiedad y le dijeron que esperara 50 días hábiles para entregarle los papeles ya terminados.
«Esta es la fecha, acota, que la abogada dice que todavía no están listos, porque debe trasladarse a Vivienda de Habana del Este y no tiene transporte. Además, hay que hacer nuevas investigaciones para confirmar que no hay herederos.
«Si ya se está presentando el certificado de última voluntad, el cual indica que no hay testamento, si ella es la esposa legítima del difunto propietario, copropietaria de la vivienda, y dicho inmueble fue adquirido dentro del matrimonio hace 55 años; ¿por qué hay que seguir dando largo a algo que está más que claro?», cuestiona.
«¿Dónde está el respeto al consumidor?», pregunta Jorge Eugenio Escalona Hernández, desde Avenida 251, no. 13613, entre 136 y 138, en Bauta, provincia de Artemisa.
El remitente cuenta que tiene una dieta por retrovirosis de curso prolongado, la que no pudo recibir en su carnicería en noviembre de 2020 porque el empleado le informó que cuando fue a descongelarla se encontraba en mal estado. Y lo comunicó a la Empresa de Comercio municipal.
En diciembre de 2020 no le repusieron esa dieta. En enero de 2021 fue a ver a los especialistas y a la oficina de Atención a la Población de esa entidad, y no pudo contactar con ninguno, estaban reunidos. La segunda vez habló con la compañera Aycelis, quien conocía tal queja, pero debió ausentarse por problemas familiares y pasó el caso a Yadilka.
A fines de enero volvió allí y le atendió el jefe del Departamento, quien le preguntó por qué en las dos veces anteriores no lo había contactado. Y respondió que entonces él nunca estaba, Yadilka lo había atendido, pero no se había resuelto el problema.
La cuarta vez no tenían aún la reposición por parte del Cárnico provincial. Y en febrero, al llegar la dieta de carne, el carnicero le dijo que la de noviembre seguía pendiente y sin ninguna solución.
«¿Dónde están los especialistas que avalan y certifican la calidad y conservación de los productos cárnicos antes de enviarlos para el consumo de embarazadas, niños y dietas especiales? Antes de redactar este escrito pasé por la carnicería y supe que la carne que estaba congelada en mal estado se le mandó a botar al carnicero. Y aún no hay respuesta ni reposición de dicho producto al pasar tres meses», concluye Jorge.
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