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Implementar las indicaciones del Presidente Raúl Castro para el enfrentamiento a las indisciplinas, el delito y las ilegalidades está entre las prioridades de la Fiscalía General de la República, manifestó a este diario Marlén Fernández, vicefiscal general de esa institución.
El primer paso ha sido la capacitación de los fiscales jefes de los municipios, pues son los que de manera cotidiana están en los territorios, más cercanos al pueblo y al lugar donde ocurren las infracciones.
Según la funcionaria ello es muy importante, porque muchos de los fiscales que poseen la responsabilidad de dirigir son jóvenes —el 38 por ciento tiene menos de 30 años de edad—, y poseen pocos años de experiencia.
Por esa razón, se trabaja en otorgarles herramientas de dirección, técnicas y profesionales, que les permitan, desde el punto de vista jurídico, enfrentar esas conductas, pero sobre todo con mucha profesionalidad, ética y conciencia revolucionaria de la importancia que tiene velar por el cumplimiento de la ley», explicó Fernández.
«Hemos analizado las deficiencias en el desempeño de nuestros fiscales, así como las medidas para perfeccionar su actuación y enfrentar estas manifestaciones, misión que nos corresponde por encargo social, registrado en el artículo 127 de la Constitución», apuntó.
Luego de los momentos de discusión y señalamientos a las funciones de estos órganos del Estado, comenzó una etapa de revisión del sistema judicial que trajo consigo cambios y el inicio de otros procesos que tributarán a la perfección en el cumplimiento de las leyes.
El Primer Encuentro Nacional de Fiscales Jefes Municipales, realizado en fecha reciente en La Habana, tuvo entre sus propósitos debatir las acciones para promover dicho perfeccionamiento, mediante el intercambio de experiencias entre profesionales.
«Este año celebramos el aniversario 40 de la constitución de la Fiscalía General de la República como órgano del Estado, con una misión encaminada a la preservación de la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos, y al ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado», recuerda Fernández.
Otras de las actualizaciones para los órganos judiciales del Estado están recogidas en el Decreto-Ley 310, publicado en la Gaceta Oficial, que entró en vigor el 1ro. de octubre. Este reformula el apartado tres del artículo 8 del Código Penal.
Con este Decreto-Ley se atribuye a las autoridades actuantes la facultad de imponer multas a aquellos infractores cuya falta no exceda los tres años de sanción aplicables. Para utilizar esta prerrogativa, las autoridades deberán contar con la aprobación del Fiscal municipal.
Rafael Pino, vicefiscal general de la República de Cuba, insistió durante reciente comparecencia televisiva en la labor de los fiscales ahora que deben certificar las decisiones de autoridades actuantes como la Policía Nacional Revolucionaria, sin que haya necesidad de llevar todos los casos a tribunales ni se genere un clima de impunidad.
