Agujereando el bolsillo del consumidor

Durante los diez primeros meses de este año se impusieron en Villa Clara más de 12 800 multas en el sector de comercio interior

Autor:

Nelson García Santos

SANTA CLARA, Villa Clara.— Las estadísticas confirman, inequívocamente, irregularidades en las prestaciones de servicios tanto en centros renombrados, donde todo es mucho más caro, como en los más modestos. Y lo revelado resulta, a estas alturas, sorprendente.

Esta añeja acción depredadora tampoco respeta lugares tan sensibles como los comedores con precios subsidiados para personas con bajos ingresos, ni los centros de preparación de la merienda escolar.

Hay en el territorio trabajadores transgresores en el sector de comercio interior que medran, incluso, a costa de los más vulnerables, y esto, por sí solo, revela hasta dónde son capaces de llegar.

En los diez primeros meses del año, solo en el sector referido, se impusieron en Villa Clara más de 12 800 multas, subrayó María Julia Bernal Cordero, jefa de Grupo de Inspección y Enfrentamiento.

Entre los establecimientos con un mayor número de infracciones figuran bodegas y casillas, en las cuales se impusieron 5 710 multas; en restaurantes y cafeterías, 4 032; en ferias agropecuarias, 1 822; en los establecimientos encargados de la elaboración y venta de pan y dulce, 518; comedores destinados a personas de bajos ingresos, 458; y mercados agropecuarios, 227.

Según las estadísticas, el 71 por ciento de las sanciones aplicadas son leves, y este porcentaje equivale a que 2 201 personas que cometieron infracciones graves continúan en sus labores, a pesar de incurrir en engaño al consumidor al cobrar de más o entregar menos de lo establecido, o incumplir normas técnicas en la elaboración de productos y faltantes de recursos, por citar solo los más recurrentes.

Otro dato alarmante resulta que en el sector hay 37 reincidentes en violaciones que merecían medidas más severas y, sin embargo, se mantienen en el puesto de trabajo y, entre estos, figuran 23 administradores.

Lo anterior demuestra la ¿incapacidad? de muchísimas administraciones de ejercer el debido control, y después, para colmo, incurren en la increíble irresponsabilidad de tampoco aplicar las medidas disciplinarias complementarias solicitadas por la Dirección Integral de Supervisión de la provincia.

Con esos truenos se hace más difícil lograr la calidad en los servicios, en los cuales se manejan apreciables recursos, y enderezar la situación no puede ser solo sobre la base de las inspecciones. Lógicamente, estas últimas descubren en un momento dado la infracción, pero mientras eso no ocurre agujerean el bolsillo del consumidor.

De ahí la trascendencia de que las administraciones aprieten la tuerca y no sigan, por lo general, enterándose de lo que ocurre por los que vienen de afuera, si no será muy difícil cortar de raíz el fenómeno o reducirlo considerablemente.

Para Francisco Pérez Abreu, director de la Dirección Integral de Supervisión en Villa Clara, las administraciones deben aplicar las medidas que correspondan a los infractores de hechos graves, y considera que son bajas las cuantías establecidas por los cuerpos legales para la imposición de las multas.

Los que están al frente de unidades comerciales deben ser los primeros en evitar que se siga desangrando el bolsillo del consumidor, porque lo que sí sabemos todos es adónde van a parar los dineros de la estafa.

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