Las cuentas que no caben en un bolsillo

Cuba ha vivido momentos cardinales en la última etapa, sobre todo decisivos para su desarrollo futuro. La actualización del modelo económico ha sido piedra angular en el camino tomado, y en ese proceso muchos asuntos han acaparado la atención y la pasión de sus habitantes en múltiples espacios. La implementación de las políticas de empleo y seguridad social ha sido uno de ellos.

Por su carácter universal y no excluyente, especialmente en lo que concierne a la juventud, se distingue la política de empleo en la Mayor de las Antillas. En esta se concede una alta prioridad al elemento social, despojada de todo sentido de discriminación. Desde la Constitución de la República se respalda el trabajo como «derecho, deber y motivo de honor para cada ciudadano».

Un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) suministrado a Juventud Rebelde, explica que los cambios emprendidos a partir de 1959 dieron lugar a la implantación de una estrategia de desarrollo que armonizó el crecimiento económico con las políticas sociales, las cuales en materia de empleo estuvieron dirigidas a garantizar el empleo remunerado a cada ciudadano apto para trabajar y a eliminar los altos índices de desempleo y subempleo heredados de los regímenes neocoloniales que precedieron a la Revolución.

En tal sentido no debemos olvidar que, al referirse a este tema durante el histórico juicio por el asalto al Cuartel Moncada, Fidel puso de manifiesto uno de los más graves problemas que sufría la población en aquellos momentos: «¿Cómo explicarse que desde el mes de mayo al de diciembre un millón de personas se encuentren sin trabajo y que Cuba, con una población de cinco millones y medio de habitantes, tenga más desocupados que Francia e Italia?».

Este era uno de los principales males que anhelaban resolver los jóvenes de la Generación del Centenario, ya que en ese año, 1953, un alto porcentaje de la población económicamente activa estaba sin ocupación, miles de empleos eran precarios y se cernía el fantasma del desempleo sobre las mujeres y los jóvenes arribantes a la edad laboral. En su alegato de autodefensa, Fidel hizo serias denuncias sociales, entre ellas, la carencia de una seguridad social que brindara cobertura a los obreros y empleados enfermos, y que protegiera a sus familias si fallecían.

La Revolución ha ubicado el trabajo entre sus prioridades, y durante los últimos años se le ha puesto a este asunto un acento, en busca de racionalidad y mayor flexibilidad. No obstante, el empleo sigue siendo un asunto complejo y controvertido. Según refiere el mencionado informe del MTSS, el escenario actual está marcado por el redimensionamiento de la actividad empresarial y la optimización del uso de la fuerza de trabajo, tanto en el sector empresarial como en el presupuestado, de manera que en cada entidad exista realmente la cantidad de trabajadores necesarios.

Explica que en estos momentos las estrategias de empleo de la nación encuentran su expresión en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y que los cambios ocurridos en esta materia desde el 2010 hasta la fecha reflejan el resultado de la aplicación de las medidas dirigidas a la actualización del modelo económico.

Como se apuntó en el Informe Central al VII Congreso del Partido «ha proseguido la ampliación del sector no estatal de la economía, y el empleo estatal se reduce del 81,2 por ciento en el 2010 a 70,8 en el 2015». Ello está influenciado, según el MTSS, «por el crecimiento del trabajo por cuenta propia, la entrega de tierras en usufructo y la creación de cooperativas no agropecuarias».

En cuanto a la tasa de desocupación, vale apuntar que se previó que al cierre del pasado año esta disminuyera en 1,6 puntos porcentuales y se situara en 1,9 por ciento, en relación con el 2013, que fue de 3,5 por ciento. Esa importante cifra se reconoce como pleno empleo por parámetros internacionales.

Con la actualización del modelo económico se emprendió la reducción de plantillas infladas. A partir de 2011 se desarrolló un proceso de reordenamiento laboral en el país que, bajo el principio de la idoneidad demostrada, contribuyera a ese propósito y también a eliminar los tratamientos paternalistas. Todo ello buscaba estimular la necesidad de trabajar y reducir los gastos de la economía y el Presupuesto del Estado.

Algo que no puede dejar de mencionarse en las políticas de empleo de la Mayor de las Antillas son la primacía y el tratamiento diferenciado que tienen los jóvenes, aunque en determinados momentos han aflorado aspectos contradictorios. Así lo hemos analizado en varios artículos publicados en la última etapa en nuestro diario, en los que se ha apuntado que «que hoy más que nunca, en el profundo y urgente proceso de reordenamiento laboral que ha emprendido el país, se requiere mirar atentamente al sector juvenil».

Nuevas formas de empleo

Desde el segundo lustro de este siglo, en busca de mayor eficiencia y calidad en la producción y los servicios del sector estatal, también se ha favorecido el desarrollo de las formas no estatales de gestión, sobre la base, en todos las modalidades, del estricto cumplimiento de la legislación vigente, aunque, como sabemos, en algunos casos no ha funcionado bien, debido a la falta de determinadas condiciones y aseguramientos que aún no se tienen, como es la ausencia de un mercado mayorista, por ejemplo.

De las alternativas implementadas, el trabajo por cuenta propia ha sido de las más aceptadas. Según los especialistas del MTSS, desde octubre de 2010, fecha en que se inició el nuevo proceso de ampliación del cuentapropismo, se ha producido un sostenido incremento del número de personas que la ejercen: de 157 371 en ese entonces, pasó a 539 952 personas al cierre de enero de 2017, lo que confirma la validez de esta opción como fuente de empleo y de producción de bienes y servicios para la población.

Del total de personas acogidas al trabajo por cuenta propia, el 32 y 31 por ciento son mujeres y jóvenes, respectivamente; el 16 por ciento son, además, trabajadores asalariados, y el 11 por ciento, jubilados. Se encuentran afiliados al régimen especial de Seguridad Social 372 464 personas. Los tipos de licencia más sobresalientes son: elaboración y venta de alimentos; transporte de carga y de pasajeros; arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios; agente de telecomunicaciones, y los trabajadores contratados, asociados en lo esencial a las primeras dos actividades.

Igualmente, con más o menos bríos, las cooperativas no agropecuarias (CNA) han ido consolidándose, aunque no han faltado dificultades, carencias y distorsiones que deben ser enmendadas. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, Cuba cerró el 2016 con 397 CNA, unas 30 más en comparación con el año anterior. El 62 por ciento están vinculadas al sector del comercio, la gastronomía y los servicios, con mayoritaria presencia en La Habana.

El VII Congreso del Partido ratificó la necesidad de avanzar en el proyecto de las cooperativas de manera gradual, debido a que, como se señaló en el Informe Central, «se han puesto de manifiesto deficiencias, que parten de la insuficiente preparación y divulgación de la política aprobada y las normativas emitidas, inadecuada organización y control de la contabilidad, aumento de los precios y restricciones para acceder a suministros y servicios en el mercado mayorista». La última sesión del Consejo de Ministros, realizada esta semana, analizó la pertinencia de adecuar las disposiciones en base a la experiencia vivida y las dificultades presentadas.

Es esencial reconocer los beneficios económicos que ha traído consigo la puesta en marcha de las nuevas formas de gestión, tanto desde el punto de vista tributario como de regulación del precio de sus producciones y servicios. No olvidemos que quienes se vinculan a ellas contribuyen al Presupuesto del Estado, y sus aportes son destinados, específicamente, a los presupuestos municipales de los territorios donde residen y reciben la mayor parte de las prestaciones y servicios sociales.

Hoy se impone, dada la progresiva expansión del trabajo por cuenta propia y del cooperativismo, exigir el cumplimiento de la legalidad, combatir la impunidad y proteger a aquellos trabajadores que cumplen lo establecido.

¿Y mi salario qué?

«Los salarios y pensiones siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia cubana», quedó recogido en el Informe Central del VII Congreso del Partido. Se trata de un tema muy sensible y complejo, que preocupa sobremanera al pueblo trabajador, en una nación donde se han elevado los niveles de consumo.

Aunque discretos y lejos de ser la solución completa, se han dado algunos pasos. En 2014, durante una reunión del Consejo de Ministros, se aprobó la política para el perfeccionamiento de salarios, pensiones y otros ingresos, cuya implementación se prevé de manera paulatina. En dicha reunión, se apuntó que entre sus objetivos generales están «garantizar que cada cual reciba un salario acorde con su trabajo; estimular la responsabilidad por desempeñar cargos de dirección y la promoción en los órganos de Gobierno y las empresas», para así contribuir a revertir el fenómeno de la pirámide invertida.

Además, con el fin de estimular la elevación de la motivación de los trabajadores y el incremento de la productividad del trabajo en el sistema empresarial, creador de bienes materiales y de consumo, en estos últimos años se perfeccionaron los sistemas de pago por resultados, y se eliminaron restricciones administrativas que limitaban el desarrollo de las fuerzas productivas. En este caso, se establecieron las resoluciones 17 y 6 del MTSS.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información refieren que en 2015 el salario en el país era de 687 pesos mensuales como promedio. Ciego de Ávila, La Habana y Matanzas, en ese orden, eran las provincias donde más se pagó, y la Isla de la Juventud, Guantánamo y Santiago de Cuba, tenían los promedios más bajos.

Aunque el salario medio experimentó un crecimiento del 43 por ciento en el período 2010-2015, como se dijo en el VII Congreso del Partido, el aumento se concentró en los dos últimos años (2014 y 2015), a partir de las decisiones adoptadas a favor de los trabajadores de la Salud Pública, la inversión extranjera, la esfera del Deporte, y por la flexibilización en los sistemas de pago en el sector empresarial.

Todavía debemos esperar los resultados de la ONEI del pasado año, pero no debe existir un salto como el del período 2010-2015, pues hasta el momento no se ha decidido ningún incremento sustantivo para algún sector de la economía estatal —presupuestado o no— que involucre a tantos miles de trabajadores como en 2014. Y ello se ratificaba en el VII Congreso del Partido, cuando se señaló que «no ha sido posible extender a la mayoría de las actividades presupuestadas los incrementos salariales previstos en la política aprobada».

Protección segura

Desde el inicio de la Revolución, en Cuba se creó un Sistema de Seguridad Social de cobertura universal, que protege al trabajador en las diferentes situaciones que durante su vida laboral puede presentar, así como a su familia y a la población en general. En la actualidad, el referido sistema comprende un régimen general de seguridad social, otro de asistencia social, así como regímenes especiales.

El régimen general de seguridad social ofrece protección al trabajador en los casos de enfermedad y accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez y vejez y, en caso de muerte, a su familia. Por su parte, el de asistencia social resguarda a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. Y los regímenes especiales protegen a las personas que realizan actividades que, por su naturaleza o por la índole de sus procesos productivos o de servicios, requieren adecuar los beneficios de la seguridad social a sus condiciones.

En materia de protección al trabajador, se aprobaron nuevos regímenes de seguridad social y se perfeccionaron los vigentes, lo que permitió ampliar la cobertura de trabajadores protegidos e incrementar los ingresos por contribución a la seguridad social. Todo ello se realizó a partir de la Ley No. 105, y posteriormente fue aprobado su Reglamento mediante el Decreto Ley No. 283 del 6 de abril de 2009, con el cual se brinda protección a los trabajadores asalariados de todos los sectores y a su familia.

Recientemente entraron en vigor dos decretos-ley y cuatro resoluciones en materia de protección a la maternidad de la mujer trabajadora, con el fin de ayudar a estimular la fecundidad, la incorporación y reincorporación al trabajo de la mujer, así como la participación de otros familiares en el cuidado y atención de los menores.

Un elemento que caracteriza la implementación de la actual política de empleo, según los funcionarios del MTSS, es que continúa perfeccionándose el trabajo conjunto con los organismos encargados de planificar la formación y distribución de la fuerza de trabajo calificada, en correspondencia con las demandas actuales del desarrollo del país. En tal sentido, la continuidad de estudios, la necesaria correspondencia entre la formación y la demanda de la economía y la sociedad, y la ubicación de los recién graduados, intenta seguir conduciéndose por mejores rumbos.

Prueba de ello es que en su más reciente reunión, los miembros del Consejo de Ministros, aprobaron la propuesta referida a la asignación de graduados de nivel superior formados en los centros adscriptos al Ministerio de Educación Superior en el curso diurno 2016-2017. Según se explicó en esa instancia, para la elaboración del proyecto se tomaron como referencia las demandas presentadas por los organismos de la Administración Central del Estado, los consejos de la Administración Provincial y los resultados de los balances territoriales de fuerza de trabajo calificada para el período 2017-2021.

No obstante, a partir del debate generado en el Consejo de Ministros, debido a la demanda aún insatisfecha de graduados de nivel superior, se determinó realizar un nuevo análisis en cada uno de los organismos para determinar las necesidades reales de esta fuerza de trabajo calificada.

Como han explicado más de una vez especialistas del Centro de Estudios sobre la Juventud, el tema apunta a que hay que seguir afianzando un sistema de planificación que proyecte la fuerza de trabajo por niveles de enseñanza y carreras acorde con el desarrollo económico previsto.

Debemos propiciar que no se pierdan por el caño de la improvisación los necesarios recursos empleados en la preparación profesional de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros calificados. Y para ello las entidades tienen que concebir sus planes de distribución y profundizar realmente en las necesidades, realizando antes un estudio de indicadores medulares como la fluctuación del personal, las plantillas, los programas de desarrollo o la edad de jubilación de sus trabajadores.

Código en la mira

Una «nueva» legislación laboral se aplica en Cuba hace casi tres años. Se trata de la Ley No. 116, aprobada el 20 de diciembre de 2013 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que entró en vigor el 18 de junio de 2014, de conjunto con su Reglamento y las disposiciones complementarias, luego de ser sometida a un amplio proceso de consulta con los trabajadores, diputados, especialistas de órganos, organismos y entidades nacionales.

La modificación de la Ley permitió compactar la legislación laboral, ya que se derogaron 135 disposiciones jurídicas de diferentes rangos, al decir de Yudelvis Álvarez Fonseca, directora del Departamento Jurídico del MTSS, quien añadió que cuando se aprobó este cuerpo jurídico ya habían ocurrido cambios importantes en la gestión de la economía cubana, por lo que era necesaria la renovación de las disposiciones que rigen el ámbito laboral en el país.

Agregó que el Código y su Reglamento establecen el cumplimiento de aspectos novedosos relacionados con la adecuación de los contratos de trabajo, la entrega de los expedientes laborales que están bajo la custodia de las entidades, la aprobación de los regímenes de trabajo y descanso, la actualización de los reglamentos disciplinarios, los convenios colectivos de trabajo y la constitución de los nuevos órganos de Justicia Laboral, así como las relaciones de trabajo entre personas naturales, para quienes se establecen derechos mínimos a garantizar por el empleador.

«Es esta una legislación que consolida y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico-laboral establecida entre los trabajadores y los empleadores, así como fortalece los mecanismos para exigir mayor disciplina en el mundo laboral. Durante este tiempo ha sido muy exhaustiva la revisión de cómo se instrumentan los principales cambios adoptados».

En el complejo y decisivo contexto de los últimos años, no debemos olvidar la intervención de Raúl en la clausura del IX Congreso de la UJC, cuando reiteró que la Revolución no dejará a nadie desamparado y luchará por crear las condiciones para que todos los cubanos tengan empleos dignos. No obstante, depositó en los propios ciudadanos la responsabilidad de encontrar un trabajo socialmente útil, pues «no se trata de que el Estado se encargue de ubicar a cada uno, tras varias ofertas laborales».

Los cambios estructurales en el modelo económico se orientan a revalorizar el papel del trabajo en el país, y ello debe encontrar sustento en la realidad. Su valor debe estar asociado a su función como medio de vida, a la capacidad del salario para satisfacer las necesidades, al aporte social que se hace mediante esta actividad y a la realización espiritual.