Protestas contra el TLC en Costa Rica

Las primeras, pero no las últimas. La sociedad costarricense quiere que la tomen en cuenta

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Personalidades políticas también estuvieron en las manifestaciones, a las que habían anunciado su asistencia legisladores del Partido Acción Ciudadana, quienes consideraron ese, su deber para con los electores. Foto: telesur

Algunos han señalado que se trata de la primera protesta que enfrenta el presidente tico Oscar Arias en este, su segundo mandato; pero todo indica que no será la última, a tenor de las aseveraciones de dirigentes sindicales persuadidos de que las movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio continuarán...

Aunque algunos medios de prensa dijeron que los actos pacíficos de ayer no tuvieron la trascendencia anunciada, pues no se paralizó la vida nacional, lo cierto es que esos mismos reportes contabilizaron entre 7 000 y 10 000 manifestantes solo en las calles en San José, la capital de Costa Rica, integrando marchas que partieron desde distintos puntos y que confluirían en la noche frente al Congreso.

Tan notorio como esa no despreciable asistencia es que tal participación se haya obtenido a despecho de las muchas maneras con que la administración de Oscar Arias trató de desalentarla.

Amagos de conversaciones no rindieron fruto, como tampoco dio resultados la amenaza de descuento de las horas no trabajadas que, según se anunció, no serán pagadas a los empleados públicos que se sumaron a las manifestaciones. Según dio a conocer el periódico La Nación, el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, informó que se había orientado a los directores de los centros docentes relacionar en listas a los maestros ausentes de sus aulas en el día de ayer.

Al parecer, la convocatoria a las jornadas contra el convenio —que en esta ocasión durarán hasta hoy— rebasó a los líderes de los gremios integrantes de la Coordinadora de Lucha contra el TLC. Reportes previos dieron a conocer, por ejemplo, el llamado de organizaciones ecologistas y ambientalistas a sumarse a estas jornadas, y su demanda de que no se penalicen las manifestaciones. Para los ecologistas costarricenses, «el TLC amenaza la soberanía sobre los recursos naturales así como su protección, ya que «son considerados mercancías», afirmaba el texto.

Conminaron también a nutrir las marchas los líderes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cuyas marchas, según los reportes de la víspera, estuvieron entre las más nutridas.

Según se notificó, los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social también dieron su apoyo a las movilizaciones, tal como hicieron los de los sindicatos pertenecientes al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros muchos sectores.

Los costarricenses se pronuncian en pos de un objetivo concreto: para ellos, aún hay tiempo de echar atrás el TLC. No se trata, entonces, de una simple expresión de rechazo al acuerdo con Estados Unidos, que Costa Rica suscribió de modo conjunto con el resto de los países de Centroamérica y República Dominicana, al rubricar el acuerdo conocido por sus siglas en inglés como DR-CAFTA.

Además de demostrar los muchos perjuicios que el tratado les va a acarrear, los manifestantes intentan cambiar el curso de los acontecimientos e impedir que el legislativo de su país lo ratifique. El plazo señalado para hacerlo vence en los primeros meses del año que viene...

Sin embargo, líderes gremiales y sociales aducen que no se les ha dejado opinar. O, en todo caso, no se les oye.

Al rehusar un encuentro bis a bis con el mandatario, la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), representada por su líder, Albino Vargas, ha solicitado «una verdadera respuesta al clamor ciudadano, institucional y social, de un diálogo nacional por una Costa Rica inclusiva y solidaria» con la presencia de diversos sectores sociales y productivos, reportó PL.

El gobierno insiste en que ninguna decisión emergerá de las calles: la tomará el legislativo. Pero las organizaciones convocantes a las manifestaciones han señalado que una treintena de mociones para democratizar los debates sobre el tema en el Congreso, fueran invalidadas.

«Han impedido que quienes nos oponemos, tengamos posibilidad de exponer y debatir», aducen los inconformes citados por el periódico La Nación. Y añaden que las audiencias en la Asamblea Legislativa para escuchar sus posiciones han sido «un circo»...

Para algunos, tales oídos sordos han desembocado en las movilizaciones de estos días. Los manifestantes esperan que sus acciones hagan que los tomen en cuenta.

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