Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Silvia Lazarte entregó el proyecto de Constitución a Evo, ayer. Foto: AP Muchos reían, algunos lloraban, y no faltó quien perdiera la voz. En medio del alborozo que provocaba la aprobación en detalle de la nueva Carta Magna, la humilde titular de la Asamblea Constituyente de Bolivia, Silvia Lazarte, aún tuvo ojo avizor cuando alertó: «Esto no es victoria todavía».

Una semana después, la fiesta popular que celebró la entrega del proyecto al presidente Evo Morales, mostró la alegría de las mayorías que ansían otra Bolivia. Pero tampoco este sábado se llegó a la meta. Falta una consulta para dirimir el tema del latifundio y la posesión de la tierra (único artículo del texto que quedó pendiente, al no lograr los dos tercios de los votos) y el referendo que deposita en ese mismo pueblo la responsabilidad de dar curso o no a la Constitución.

En verdad, los entuertos que debió sortear la Asamblea para entregar el proyecto de Constitución refundadora al gobierno, avalan el entusiasmo de los hombres y mujeres que festejaron con una marcha calificada de histórica, y demostraron el apoyo sólido con que sigue contando la refundación, a pesar de mil y una artimañas para frenarla.

Campesinos, indígenas, mineros, dirigentes gremiales, líderes cocaleros, y representantes de la ciudadanía que no ha sido absorbida por los opositores en Chuquisaca y Cochabamba, llegaron a La Paz y desfilaron este sábado en apoyo al gobierno junto a la policía y las fuerzas armadas.

Sí, fue una verdadera proeza concluir la elaboración del texto y obtener su mayoritario visto bueno en medio de las provocaciones que convirtieron a Sucre, la sede de la Constituyente, en una trampa para generar el caos; agobiados los asambleístas más consecuentes por el chantaje de los representantes de la oposición que, obedientes a la trama del derechista PODEMOS, de los llamados comités cívicos y de los prefectos de la Media Luna, trabaron durante meses los debates y entorpecieron, una y otra vez, el avance en las discusiones... Maniatado, de cierto modo, el gobierno, por disposiciones que cumplió a pie juntillas evitando dar argumentos a sus enemigos para soliviantar aunque, de cualquier modo, aquellos se los inventen...

Hacía semanas que Sucre, la capital de Chuquisaca, era un hervidero donde a los asambleístas del gubernamental MAS se les humillaba y perseguía, cuando la Asamblea logró implementar, al fin, los detalles «legales» que permitieron su traslado a Oruro.

A esas alturas, los encontronazos protagonizados por las bandas que la derecha y los prefectos auparon en Sucre, habían dejado decenas de heridos y unas tres víctimas fatales.

Libres de la persecución de los «cívicos» y de los grupos llamados por aquellos a la violencia; ausentes los representantes más recalcitrantes de la derecha, la aprobación de cada uno de los artículos se libró en Oruro en dos jornadas intensas que culminaron con aquel emotivo acto donde Silvia Lazarte lanzó su alerta.

Este viernes 14 de diciembre, después de un año y cuatro meses de trabajo y faltando dos horas y 20 minutos para concluir el segundo plazo que le fuera otorgado, la Constituyente, en la persona de Lazarte, entregó oficialmente el texto, poniéndolo en manos del Congreso.

Pero todavía aguardan retos a la refundación en una de las naciones más pobres del hemisferio y donde —por eso— la resistencia a los cambios solo puede ser obra de la oligarquía reticente a perder.

Con el cambio está la inmensa masa indígena y campesina que nada tiene. En contra, la clase rica y quienes hayan podido sucumbir bajo su manipuladora influencia.

Como fantasmas, los obstáculos son levantados por los anti-refundación en cada esquina, cada vez con mayor frecuencia: No a la aprobación de los artículos de la Constitución por mayoría absoluta, No al trabajo de la Constituyente si la capital del país no se otorgaba enteramente a Sucre, No al pago del Bono Dignidad con los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y, por último, la artera estocada que ha sido el llamado de los prefectos separatistas a la OEA, y su acusación falaz de que en el país ¡se irrespeta la democracia...!

Para frustrar sus planes de desatar de una buena vez, la inestabilidad, Evo ha anunciado la intención de acudir a una figura electoral que pone de relieve, nuevamente, la transparencia de su gobierno: el referendo revocatorio, mediante el cual Morales pondría a disposición del electorado su mandato apenas dos años después de asumir, aunque también tendrían que hacerlo todos los prefectos. Cada quien deberá obtener un voto más del total que ganó cuando fue electo.

De implementarse, sería la tercera consulta a la que debería concurrir, en breve, la ciudadanía.

«El pueblo dirá quién se va y quién se queda», ha dicho Evo en un reconocimiento de lo evidente: no se puede gobernar mientras aquellos, injusta e ilegalmente, sigan subvirtiendo y exhortando a la sedición e, incluso, al derrocamiento del mandatario constitucionalmente electo.

La primera valla será la propia implementación del referendo constitucional para que el pueblo se pronuncie acerca de la Carta Magna y del referendo dirimidor, como se denomina al que dejará aclarado el asunto del latifundio: la convocatoria debe librarla un Congreso con mayoría de la derecha en su cámara alta, que ya ha vetado un centenar de disposiciones a Evo.

«Veremos cómo nos va. Yo les ruego a ustedes mantenerse atentos», dijo a los movimientos sociales el vicepresidente y titular nato del legislativo, Álvaro García Linera.

«Todavía necesitamos dos tercios del Congreso nacional, y conseguir dos tercios es una cosa complicada, porque hay fuerzas que son las que querían matar a la Asamblea Constituyente, y que no nos darán fácilmente los dos tercios», reconoció.

Sin embargo, lo más urgente ahora podría ser el ilegal estatuto autonómico que acaba de lanzar la élite de Santa Cruz liderada por el titular del Comité Cívico cruceño, Branco Marinkovic, uno de los hombres más acaudalados del denominado oriente boliviano, seguido por los gobernadores de los también ricos departamentos de Pando, Tarija y Beni: la llamada Media Luna.

La presunta autonomía se adelanta a las decisiones recogidas al respecto en el proyecto de Carta Magna, y no esconde los afanes oligárquicos de dividir al país. El gobierno, en tanto, ha reiterado que cumplirá el deber de salvaguardar la integridad tanto como la soberanía. Le asiste el deber, y el derecho.

Empero, el conato de separatismo y violencia es muestra de que, con todas las trabas, la revolución pacífica anunciada por Evo, camina. Para muchos, la probable prohibición del gran latifundio es el temor más acendrado ahora entre los hacendados del oriente, y constituiría la segunda decisión económica y social de peso, después de la recuperación de los hidrocarburos.

Su nacionalización era la demanda más sentida de los de abajo y la piedra angular para hacer sostenible, desde el punto de vista económico, el proceso en marcha.

Con sapiencia, Evo Morales libró ese paso del amargo tránsito por el legislativo, en cuyo Senado el proyecto de ley habría perecido de viejo. El primero de mayo de 2006, cuatro meses después de asumir, lo instauró por decreto. Sin embargo, para que esa vuelta de los recursos naturales al Estado boliviano no sea reversible, debe quedar registrada en la ley de leyes.

Eso solo bastaría para explicar la importancia de una Carta Magna que declararía a Bolivia como un Estado social de derecho, plurinacional y de economía mixta, según el proyecto.

El clamor de una nueva Constitución es consigna del movimiento indígena desde fines de los años 90 y encabezó sus movilizaciones en los momentos más candentes de la lucha callejera por el cambio, en los inicios de los 2000.

Aunque para hacerla realidad pareciera que ahora solo falta un suspiro, todavía las circunstancias pueden ser difíciles.