La OEA analiza suspender a Honduras

La organización rechaza y repudia en una resolución la destitución, arresto y expulsión del país del presidente legítimo Manuel Zelaya y la subsecuente instalación de un gobierno al amparo de un golpe militar Especial del Golpe de Estado en Honduras

Autor:

Juventud Rebelde

La suspensión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) pudiera ser una de las sanciones impuestas a esa nación centroamericana tras el golpe de estado a su presidente Manuel Zelaya, según reconoció el chileno José Miguel Insulza, secretario general de ese organismo.

«No descarto que en esa reunión se aplique el articulo 19 (de los principios de la Carta Democrática Interamericana), suspendiendo a Honduras de todo tipo de participación de los organismos de la OEA, sean estos su asamblea, su consejo, sus comisiones», dijo Insulza la noche del domingo en rueda de prensa celebrada en la capital salvadoreña, en alusión a una reunión de cancilleres programada para el martes en Washington.

El político chileno aseguró que la OEA siempre estará abierta a un cambio de actitud de parte del gobierno ilegitimo, pero a partir de aceptar el retorno y la reinstalación en su cargo del presidente Zelaya.

El secretario del organismo continental exigió también la puesta en libertad de varias personas detenidas en Honduras y cuyo paradero se desconoce.

«Quiero hacer nuevamente una exigencia de que esas personas sean presentadas a la brevedad y puestas en libertad de inmediato», señaló Insulza que tras su llegada a San Salvador se reunió en privado con el presidente Mauricio Funes, con quien viajará al lunes a la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en Nicaragua.

En Washington, la OEA acordó no reconocer al nuevo gobierno instalado en Honduras por golpistas el domingo, y convocó una sesión de emergencia de los cancilleres americanos para determinar qué otras acciones adoptará la institución a raíz del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

En una resolución, que demandó unas cinco horas redactarla, la organización rechaza y repudia la destitución, arresto y expulsión de Zelaya del país y la subsecuente instalación de un gobierno al amparo de un golpe militar presidido por Roberto Micheletti, presidente del Congreso.

Los ministros se reunirán en Washington el martes a las 4 de la tarde, y pueden decidir una serie de sanciones a Honduras previstas en la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la suspensión de la participación del país en las actividades de la organización.

El embajador hondureño Carlos Sosa leyó la resolución al reanudarse la sesión de emergencia del Consejo Permanente de embajadores, y el embajador chileno Pedro Oyarce pidió que se la aprobara por aclamación.

La resolución de siete puntos declara que no se reconocerá a ningún gobierno que surja de la ruptura del orden constitucional en Honduras.

Los embajadores encargaron al secretario general que viaje el lunes a Managua para la reunión presidencial del SICA a fin de realizar consultas y gestiones con los presidentes, entre los cuales estará Zelaya, quien fue secuestrado y expulsado por los golpistas a San José, Costa Rica.

Los embajadores resolvieron también exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno de Zelaya a sus funciones constitucionales, y condenaron enérgicamente todo acto de violencia y en especial la detención arbitraria denunciada de la canciller Patricia Rodas, otros miembros del gabinete.

Durante la sesión de la OEA, Insulza dijo que viajaría a Tegucigalpa el lunes junto con una delegación de embajadores, pero luego informó que iría más bien a la reunión del SICA en Managua, por dificultades en el transporte aéreo al ser suspendidos los vuelos comerciales.

Adelantó que en la reunión del SICA estará presente Zelaya junto con el presidente costarricense Oscar Arias, quien lo ha recibido en una base militar a donde fue expulsado por los golpistas, identificados por la misión hondureña como los jefes de las fuerzas armadas del país.

Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el golpe y pidió que se respete y proteja la vida e integridad personal de quienes permanecen aun retenidos por el gobierno de facto, así como la vida e integridad de los miembros de la familia del presidente Manuel Zelaya.

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