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TEGUCIGALPA, septiembre 13.— Un total de 771 niños y jóvenes murieron de manera violenta en Honduras desde el golpe de Estado de junio de 2009 hasta el primer semestre de este año, señala un informe publicado en Honduras.
El documento, elaborado por la Plataforma de Derechos humanos de la Niñez y Juventud, fue dado a conocer luego de la matanza de 17 trabajadores en una zapatería de la ciudad de San Pedro Sula, reportó PL.
«Ese caso es apenas la punta del iceberg de una tragedia que hasta la fecha ha cobrado la vida de miles de jóvenes y ante la cual la ciudadanía parece haberse acostumbrado», señala la organización.
De acuerdo con el estudio, la proporción de menores de 23 años asesinados alcanzó niveles extremos tras la ruptura institucional y durante el régimen de Roberto Micheletti, tendencia mantenida en el Gobierno de Porfirio Lobo.
Si en 2008 se registraron 45 crímenes por mes, en el segundo semestre de 2009 y en el primero de 2010, el promedio mensual fue de 65 y 64, respectivamente.
Lo anterior significa que desde la ruptura del orden se ha dado muerte a más niños, niñas y jóvenes por mes que en ningún otro período de la historia reciente, precisa el informe publicado en el sitio digital www.voselsoberano.com citado por Prensa Latina.
La Plataforma de Derechos Humanos denunció la deficiente o inexistente labor policial en cuanto a brindar seguridad a la población y su ineficacia a la hora de realizar las investigaciones, lo cual genera un manto de impunidad.
Según las estadísticas, en el 98 por ciento de los casos se desconocen los móviles y los autores de estas muertes que, según el sitio, van desde bandas organizadas del narcotráfico, pandillas o venganzas particulares, hasta grupos de exterminio parapoliciales: la mal llamada «limpieza social», señala el texto.
El informe recoge, además, 30 violaciones sexuales y 63 arrestos de menores de edad, entre otras transgresiones de las prerrogativas ciudadanas.
En la elaboración del documento participaron varios grupos integrados en la Plataforma, como Casa Alianza, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura.
