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EL CAIRO, julio 2.— El secretario general de la Liga Árabe, Nabil El-Arabi, instó este lunes abiertamente a la oposición siria a unirse para fortalecer su enfrentamiento al Gobierno de Damasco, aunque con el eufemismo de apoyar iniciativas internacionales de transición, reportó PL.
La conferencia de la oposición siria —que sesiona en la sede de la entidad regional en la capital egipcia— no debe perder esta oportunidad; los sacrificios del pueblo sirio son mayores y más valiosos que cualquier diferencia estrecha o disputas de facciones, arengó El-Arabi.
El titular del ente panárabe habló ante unos 250 representantes de la heterogénea y fragmentada oposición al presidente sirio, Bashar Al-Assad, en la primera reunión que la organización sostuvo de manera formal, en esta ocasión para proponerles aceptar un plan de paz.
Según El-Arabi, la solución del conflicto que estalló en Siria en marzo de 2011 pasa por implementar un nuevo plan internacional presentado por el enviado especial de la Liga Árabe (LA) y de la ONU, Kofi Annan, aunque admitió que no satisface las expectativas árabes.
En sintonía con los adversarios de Al-Assad, El-Arabi dijo en una reunión privada en esta capital que la propuesta de Annan no hace referencia a un período específico de tiempo para concretar una transición clara, como sugirió la Liga, integrada por 22 países.
Los opositores también rechazaron este mismo lunes esa iniciativa pacificadora auspiciada por la ONU. Rusia y China la apoyaron, aunque sin la visión de Estados Unidos, Reino Unido y Francia de alentar el derrocamiento de Al-Assad.
El polémico plan aboga por un Gobierno de transición, pero la oposición aglutinada en el denominado Consejo Nacional Sirio lo impugnó porque Al-Assad encabezaría ese gabinete provisional, y lo calificó de ambiguo y pérdida de tiempo.
Aunque en el discurso el ente panárabe afirma respaldar el plan inicial de Annan, sus resoluciones previas denotan clara animadversión hacia el Gobierno de Damasco, y miembros influyentes como Arabia Saudita y Qatar estimulan el suministro de armas a los sublevados, recuerda PL.
En coincidencia con la reunión de El Cairo, el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, aseguró que su Gobierno sigue determinado a mantener «una política neutral» en la crisis siria, por lo que ha rechazado que su territorio sea usado para dar armas a la oposición o al Gobierno.
En un comunicado, Al Maliki señaló que las autoridades iraquíes no apoyan a ninguna de las dos partes en conflicto y se comprometen con «una política equilibrada basada en el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados», citó EFE.
Durante la reunión de la Liga Árabe, el jefe de la diplomacia iraquí, Hoshiyar Zebari, llamó a la unidad de la oposición para que «se presente a sí misma como una alternativa con credibilidad y tenga una visión completa para construir el Estado sirio moderno».
En tanto, desde Damasco trascendió que Al-Assad promulgó una ley antiterrorista con el propósito de combatir ese flagelo que asuela el país. La normativa define los términos de acción terrorista, organización terrorista, financiación del terrorismo y las penas que se aplicarán por cometer o promocionar actos de terrorismo.
Penas de entre diez y 20 años de trabajo forzado, más una multa, serán impuestas a todo individuo que secuestre a una persona, mediante violencia o engaño con el fin de pedir rescate, con el máximo agravante si el plagiado es un menor de 18 años de edad.
Según define la iniciativa, aprobada por la Asamblea del Pueblo (Parlamento), un acto terrorista es la acción destinada a provocar el pánico entre la gente o perturbar la seguridad pública o daños a la infraestructura o el núcleo del Estado y se ejecute con armas, municiones, explosivos, materiales inflamables o tóxicos y agentes microbianos, entre otros.
El texto legal contempla, entre otros aspectos, el financiamiento ya sea externo o interno de acciones que son calificadas como terroristas.
Asimismo, aborda las penas que serán aplicadas a los que se compruebe que son actores, gestores o financiadores de estos delitos, que en los últimos meses cobraron un gran número de víctimas civiles inocentes en el país.
La medida contempla también la aplicación de la pena de muerte para aquellos que con sus acciones maten a alguna persona.
