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CARACAS, abril 24.— La comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) instaló este miércoles la comisión mixta que investigará los hechos violentos contra el pueblo ocurridos luego de la convocatoria que hiciera el 15 de abril el ex candidato antichavista, Henrique Capriles Radonski, para que salieran a las calles a tratar de impugnar el resultado de las elecciones presidenciales, informó el diputado socialista Pedro Carreño, informó AVN.
El parlamentario recordó que el pasado 16 de abril en la plenaria de la AN se aprobó un acuerdo para el inicio de las averiguaciones, tras las acciones criminales que dejaron nueve venezolanos fallecidos y 78 lesionados.
Precisó Carreño que la comisión se activará para recabar evidencias fotográficas, documentales y testimoniales de los daños causados por turbas de la ultraderecha.
Se exhorta al Ministerio Público a profundizar las investigaciones y «nosotros con este levantamiento vamos a determinar el quantum exacto del daño material», señaló.
Dijo que Capriles Radonski debe ser castigado penalmente, al tiempo que se le dé cumplimiento a otro de los acuerdos aprobados como lo es la congelación de sus cuentas, la incautación de sus bienes, y la medida de prohibición de enajenar, gravar, vender o cederlos, para que sean confiscados y con ellos resarcir los daños al patrimonio público y a los particulares.
«Entendiendo esto, la Asamblea Nacional da un paso agigantado en procura de parar a la derecha reaccionaria que una vez más se niega reconocer a nuestro pueblo, se niega reconocer la voluntad popular», manifestó Carreño, en relación con el desconocimiento por parte de la oposición de los resultados electorales en los que salió vencedor Nicolás Maduro.
Asimismo, el legislador condenó que la derecha de manera sistemática pretenda invisibilizar estos hechos violentos, utilizando organizaciones «de dudoso ejercicio de los derechos humanos» como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), ente que en días pasados afirmó que no hubo destrozos contra Centros de Diagnóstico Integral (CDI), basándose en una mera revisión de medios de comunicación privados.
Veinticinco instalaciones, entre Centros de Diagnóstico Integral y Consultorios Populares fueron asediados durante la ola de violencia alentada por Capriles, informaron las autoridades en días pasados.
