Gobierno golpista brasileño está molesto por las críticas

El Salvador anuncia que no reconoce a los instalados en el Palacio de Planalto porque «somos respetuosos de otras democracias y somos respetuosos de la voluntad popular»

El Salvador anuncia que no reconoce a los instalados

en el Palacio de Planalto porque «somos respetuosos de otras democracias

y somos respetuosos de la voluntad popular»El Salvador anuncia que no reconoce a los instalados en el Palacio de Planalto porque «somos respetuosos de otras democracias y somos respetuosos de la voluntad popular»

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Juventud Rebelde

BRASILIA, mayo 14.— El golpe parlamentario-mediático–judicial contra la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, continúa recibiendo el rechazo y las críticas de países latinoamericanos y caribeños y este sábado, la agencia Reuters se hacía eco del malestar del Gobierno interino de Michel Temer por ello.

Este sábado, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, aseguró que su país «no reconoce al Gobierno provisional instalado en Brasil» mediante un proceso que calificó como «contrario a la voluntad popular», apuntó EFE.

Además, el presidente Sánchez Cerén informó que «como parte del proceso anunciado» se ha llamado a consultas a la embajadora salvadoreña en Brasil, Diana Marcela Vanegas, para abordar la crisis que se desarrolla en dicho país.

«Nosotros, como país somos respetuosos de otros países y tenemos el principio de no intervención, pero también somos respetuosos de otras democracias y somos respetuosos de la voluntad popular», dijo el Presidente salvadoreño durante el programa Gobernando con la Gente, realizado en el municipio de Izalco.

Insistió en que el proceso abierto contra la presidenta Rousseff es una «manipulación política», en el cual no se ha podido comprobar que existe algún tipo de delito por el cual enjuiciarla, tal y como decidió el Senado del país sudamericano, y recordó que Dilma Rousseff «ha sido electa por voluntad popular a través de elecciones legítimas», por lo que hizo un llamamiento a respetar la institucionalidad en Brasil, agregó EFE.

A Dilma, apuntó DPA, se le acusa de haber manipulado resultados contables y abrir líneas de crédito extraordinarias sin pedir autorización al Congreso, operaciones que supuestamente violan la Ley de Responsabilidad Fiscal, según sus acusadores.

Otro presidente latinoamericano que pidió a su embajador en Brasil (Alberto Castellar) que volviera a casa para hablar de la situación, es el de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha condenado el golpe contra la Presidenta electa brasileña.

En un discurso en cadena de radio y televisión, Maduro afirmó que la suspensión de Rousseff es una «canallada contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño».

En un despacho de EFE desde Ciudad de Guatemala, el partido opositor Winaq expresó su condena por la decisión del poder legislativo brasileño, la que calificó como «ilegítima» porque es un hecho que «constituye un golpe a la democracia y a los procesos de liberación de los pueblos de América Latina», el cual responde a «acciones coordinadas» de poderes «fácticos tradicionales y conservadores», tanto nacionales como internacionales, que se unieron en contra del pueblo brasileño.

Es por ello que Winaq envió su solidaridad a Rousseff y mostró su repulsa contra toda forma y decisión «antidemocrática», especialmente aquellas que «simulan ejercicios democráticos y logran debilitar la institucionalidad incipiente de los Estados latinoamericanos».

Dilma Rousseff, que pasa el fin de semana junto a su familia en Porto Alegre, en el sur de Brasil, dijo que podría apelar a organizaciones regionales para desacreditar el proceso de impugnación, apuntó Reuters.

Estas declaraciones repetidas por otras naciones, organizaciones y movimientos sociales y partidos de la región han sido molestas para Temer y su equipo.

En un comunicado emitido el viernes por la tarde, reportó Reuters, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil —que ahora está encabezado por José Serra —un ex senador y candidato presidencial derrotado en 2010 por Dilma— señaló que «rechaza enfáticamente» que sus vecinos «se permitan opinar y propagar falsedades sobre un proceso político interno en Brasil», citó la agencia.

En otra declaración, ese Ministerio criticó también a Ernesto Samper, secretario general del bloque regional sudamericano Unasur, quien ha cuestionado la validez de la suspensión de Rousseff.

Debe haberles molestado también a los integrantes del equipo de Temer el haber encontrado mensajes anónimos ocultos detrás de los cuadros con el retrato de la suspendida mandataria Dilma Rousseff.

Informó el diario O Estado de Sao Paulo, citado por DPA, que los carteles rezaban «Conspiradores y golpistas, la Historia no los absolverá», en los despachos del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia en Brasilia, y de la Explanada de los Ministerios.

Por cierto, en un perfil hecho por Telesur de los 21 ministros que asumieron el jueves sin transición alguna, se recuerda que José Serra, del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) presentó como senador el proyecto de ley que revocaría la condición de Petrobras como operadora única del presal en aguas profundas y ultraprofundas de Brasil, con lo que entregaría a transnacionales la mayor fuente de ingresos de la nación.

Entretanto, en medio de las críticas y de la crisis política sin precedentes de la democracia brasileña, los 21 ministros nombrados por Michel Temer disponen un cambio radical en la dirección del coloso sudamericano, que se le ha dado por los 180 días en que la presidenta electa Dilma Rousseff ha sido separada del cargo mientras el Senado le hace un juicio político o impeachment.

Pero Michel Temer, quien en los sondeos solo gozaba entre un uno o un dos por ciento de apoyo en la población, ha dicho ya que seguirá al mando hasta el 1ro. de enero de 2019, fecha en que se cumple el periodo para el cual fue elegida Dilma.

Las líneas anunciadas por el gabinete Temer son de temer: un fuerte ajuste fiscal, una reducción del tamaño del Estado y una revisión de los programas sociales que han beneficiado a millones de brasileños desde el 2003, en que los echó a andar el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los continuó desarrollando la presidenta Dilma Rousseff.

En su primer día efectivo de Gobierno, sus ministros anunciaron las líneas maestras de su gestión neoliberal, que pasan por un fuerte ajuste fiscal, una reducción del tamaño del Estado y una revisión de los programas sociales implantados desde 2003 por Rousseff y su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los poderes económicos sacan las uñas sacan las uñas

Mientras se repiten protestas en diversos puntos del país y se bloquean carreteras —aunque no de numerosa asistencia según EFE—, el sector empresarial presiona para que no haya un aumento de la carga tributaria, como sugirió Henrique Meirelles, ministro de Hacienda, ex directivo del Bank of Boston y de otras entidades finacieras, quien se perfila como el «hombre fuerte» del nuevo Gobierno, según comentó EFE.

«Nadie acepta pagar más impuestos en este país, en el que ya se paga bastante», declaró Paulo Skaf, presidente de la influyente Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), organismo empresarial que apoyó abiertamente el proceso golpista contra Rousseff.

Otro tanto hizo la Asociación Brasileña de la Industrial Textil (Abit), cuyo presidente, Fernando Pimentel, dijo que crear nuevos impuestos o aumentar los existentes «sería más de lo mismo» y que «no es para eso que llegó un Gobierno nuevo».

Agrega EFE que «las dudas que aún se mantienen respecto a las próximas decisiones del Gobierno en el área económica han alimentado la incertidumbre que existe desde hace meses en el mundo de los negocios y eso se reflejó este viernes en la Bolsa de Sao Paulo, que perdió un 2,7 por ciento».

Como es de suponer el gran capital brasileño lo quiere todo.

Para maniobrar en el campo político, Michel Temer le dio representatividad ministerial a los 11 partidos que apoyaron el golpe de Estado —que organizó y ejecutó junto con el hasta hace poco presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, caído en desgracia porque fue separado del cargo por delitos de corrupción bien probados.

Recordaba Telesur que algunos de los ministros de Temer son acusados de diversos delitos y actividades corruptas, y EFE señalaba que apenas un día después de asumir han recibido críticas y cuestionamientos, a lo que se une que en un país donde más del 53 por ciento de la población es negra, están totalmente ausentes del gabinete, como tampoco hay mujeres.

El diario O Dia, sobre una foto en portada del ejecutivo, tituló irónico y en grandes caracteres: «Todos los hombres de Temer».

«Lamento que después de mucho tiempo no haya mujeres y negros en el gabinete», dijo Rousseff el viernes. «En Brasil la desigualdad tiene características marcadas: es negra, es femenina, es infantil», agregó.

El nuevo gabinete, afirma EFE, también fue cuestionado por al menos tres ministros en la mira de los fiscales que investigan el megafraude a Petrobras, que penetró las más altas esferas de la élite política y empresarial. Y otros tres ministros son blanco de procesos judiciales por diferentes delitos.

El nombrado ministro de Agricultura y Ganadería, Blairo Maggi, un multimillonario del sector agrícola, está acusado por los ambientalistas que lo consideran una amenaza para la Amazonía. Poco después de que Maggi se convirtió en gobernador de Mato Grosso, el grupo de activistas Greenpeace le otorgó su premio «Motosierra de Oro», debido a su respaldo a los esfuerzos por destruir bosques en el sur de la Amazonía para sembrar soja. Maggi negó cualquier violación a las leyes de protección del medioambiente.

El Ministerio de Justicia y Ciudadanía está a cargo de Alexandre de Moraes, abogado personal de Eduardo Cunha, uno de los principales promotores del golpe. Moraes se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo y durante su gestión se produjeron represiones contra manifestantes, informó AVN.

Por su parte, Sergio Etchegoyen, quien pasó a ser ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, es hijo de Leo Etchegoyen, quien aparece como torturador en el informe final de la Comisión de la Verdad, en el que se denunciaron crímenes del terrorismo de Estado que prevaleció durante la dictadura cívico-militar (1964-1985), refiere una nota de Página 12.

En dicha nota también se hace referencia al nuevo titular de Trabajo, Ronaldo Nogueira de Oliveira (pastor de una iglesia evangélica), quien como diputado presentó un proyecto de ley que preveía que las empleadas domésticas perderían, en sus vacaciones aseguradas por la legislación, los días en que hubiesen faltado al trabajo.

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