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El ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Autor: Agência Estado Publicado: 15/12/2018 | 08:02 pm
Mal anda la justicia de un país si hay jueces que se mofan de la muerte de seres queridos de un reo. Eso ha ocurrido en Brasil, donde nuevas revelaciones del sitio digital The Intercept permitieron conocer la manera sarcástica en que varios fiscales hicieron bromas negras en torno a la enfermedad y muerte de la esposa de Lula, Marisa; de su hermano y de su nieto de siete años.
Cierto, hay que dar razón a algún escéptico: el suceso habla de la baja calidad humana de quienes condenan, no de sus facultades «técnicas» para arribar a un dictamen justo.
Pero resulta que también está en cuestionamiento la manera en que los magistrados han usado esas facultades, pues a la ausencia de pruebas para condenar y apresar a Luiz Inácio Lula da Silva cuando aún no se habían agotado todos los recursos de la defensa, en abril de 2018, se ha añadido la evidencia de que los jueces de Lava Jato, comandados por el hoy ministro de Justicia Sergio Moro, actuaron movidos por intereses políticos —ya sabemos— para sacar al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de las presidenciales del año pasado.
Ahora, las expresiones burlonas en torno a sus momentos de duelo confirman, además, que el crimen judicial y político contra Lula tiene gruesos ribetes de venganza y odio; y estos apuntan, peligrosamente, a sentimientos facistoides tomados en cuenta por analistas como Michael Löwy, brasileño residente en Francia y actual director de investigación emérito del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en París, quien considera al de Jair Bolsonaro como el Gobierno de derecha con más rasgos neofascistas.
Por demás, los acontecimientos recientes también atestiguan que no ha bastado a los verdugos haber evitado que Lula fuera elegido presidente el año pasado.
A pesar de las comprometedoras pruebas conseguida por The Intercept y publicadas, por fragmentos, por ese y otros medios brasileños, se sigue dilatando el procesamiento final de un nuevo habeas corpus presentado por la defensa que, preliminarmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia, Edson Fachim, ya negó.
El magistrado alegó que la liberación de Lula ya fue rechazada en junio y negó incorporar las pruebas aportadas por las grabaciones que está develando The Intercept en lo que se ha dado en llamar irónicamente VazaJato, aunque Fachin dejó una puerta abierta al afirmar que su decisión es «a primera vista y sin perjuicio de una revisión adicional del asunto, en el juicio final del presente habeas corpus».
Decisiones judiciales recientes, sin embargo, hacían pensar en una oportunidad para la real justicia a Lula. Dos días antes de este pronunciamiento, una de las salas de la Corte anuló la condena que le había sido impuesta nada menos que al expresidente de Petrobras, Aldemir Bendini, sancionado dentro de Lava Jato por desvío de recursos.
Tres jueces de cuatro estimaron que Bendini no tuvo derecho a una amplia defensa, pues fue obligado a testificar junto a los empresarios que lo acusaron mediante las llamadas delaciones premiadas.
Fue el primer dictamen de Sergio Moro que se revoca. Un paso significativo. Pero, al parecer, ello aún no funcionará para Lula. O costará mucho trabajo. Porque con la sentencia que lo mantiene preso se amenaza y cierra el paso a toda la izquierda brasileña.
De eso, precisamente, se trata el lawfare o judicialización de la política: criminalizar al adversario. Lo que para un hombre como Jair Bolsonaro significa lapidarlo. Además, no puede olvidarse que a esos manejos turbios, el actual Presidente de Brasil debe el cargo.
