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Con demostraciones pacíficas, la población apoya a los suplentes. Foto: AP

El paulatino reemplazo de los 57 diputados cesados por dictamen del Tribunal Electoral va devolviendo las cosas a su sitio, luego de que los reemplazados amenazaran con impedir la entrada de sus sustitutos al hemiciclo, lo que por suerte no pretendieron.

Pero tal advertencia, y las protestas populares que desde hace semanas se observan, alternativamente, ora ante el edificio del legislativo, ora frente al del Tribunal, hacían temer cualquier desborde y presagiaban una semana tensa ante la imperiosa necesidad de que el Parlamento se completara, e iniciara de una vez sus sesiones.

El apasionamiento de los movimientos populares y sectoriales, de los estudiantes y partidos políticos movilizados, es entendible en una nación donde las masas han dado ya muestras de que pueden organizarse y tomar las calles, y hasta podría estimarse relevante como respaldo a un gobierno cuyo deseo de materializar la Asamblea Constituyente que quieren esas mismas mayorías, estaba siendo obstaculizado por los destituidos.

Demasiadas artimañas habían fabricado para evitar dar curso al referendo previsto el próximo 15 de abril, de modo que sea el electorado el que allí determine si hay o no nueva Carta Magna, pronunciándose a favor o en contra de una Asamblea Constituyente que redacte otra Constitución. Pero los obstáculos estaban dentro de las previsiones.

Como en Bolivia, la necesidad de replantear las bases institucionales renovando la ley de leyes es considerada sine qua non en Ecuador para materializar la Patria Altiva y Soberana, como prometen las siglas del movimiento político que postuló al presidente Rafael Correa (Alianza PAÍS).

Ese es el motivo por el cual los legisladores fuera del juego trataron por todos los medios de entorpecer la convocatoria a la consulta; primero, presionando para que el texto constituyente no implicara cambios profundos; luego, con nombramientos a dedo, delegando la convocatoria en el Tribunal Electoral y hasta cuestionando las facultades del titular del Congreso para llamar al ejercicio del sufragio.

Críticos de la «partidocracia» —como le ha llamado Correa—, el mandatario y Alianza PAÍS se abstuvieron en su momento de postular aspirantes a legisladores, renuentes a formar parte de un entramado tan tramposamente ligado a los intereses particulares de los viejos partidos políticos en descrédito, como se está viendo. Esa es la razón por la cual ha sido aún más difícil hallar consensos dentro de un legislativo dominado por aquellos.

Sin embargo, parece que entre la mayoría de los sustitutos primará el concepto de nación sobre los dictados de las distintas formaciones políticas. Aunque algunos de los 13 que juraron ayer, ratificaron que siguen siendo opositores —desmintiendo que haya acuerdos con el ejecutivo—, los veintitantos oficializados antes, dijeron anteponer el bien de la nación a los dictados partidistas y anunciaron la fundación de una nueva bancada integrada por ellos: la de la Dignidad Nacional.

Con esos acontecimientos, la mayoría de los analistas ecuatorianos considera que comienza a superarse la crisis, y quedan con un palmo de narices los engañosos ofrecimientos de personalidades ajenas al conflicto, como el subsecretario de Estado norteamericano, Thomas Shannon, quien, haciendo gala de una comprensión desmedida pero a tono con el afán de la administración Bush de contemporizar para recuperar terreno en América Latina, había dado cuenta ya de la «necesidad» de dar «solidaridad democrática» a aquellos países donde «las instituciones están siendo desafiadas» porque hay «demandas intensas»; y se presenta «la tentación del autoritarismo» porque «la capacidad del gobierno para atenderlas, es limitada».

Aunque le quedan muchos desafíos al pueblo de Ecuador, las cosas están tomando su carril sin que haga falta injerencia de nueva marca, solapada ahora detrás de esa ofrecida ¿«solidaridad democrática»?