Igual que Guido y Luigi aseguraban que podían fabricar la tela más suave y delicada que pudiera imaginarse —aunque con la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz—, los nuestros intentan mostrarse como «delicados y fervorosos tejedores del bien público», mientras parecen creer que están rodeados de una sociedad de «memos», incapaz de percatarse de que hacen su prestación con las misma invisibilidad de los personajes del cuento.
A decir verdad no pocas veces nuestra sociedad se ha dejado conducir a la metáfora del relato danés: a una situación en la que una mayoría decide de común acuerdo compartir una ignorancia colectiva de un hecho obvio, aun cuando individualmente reconozcan lo absurdo de la situación.
Lo muestra la impunidad con que algunos de los funcionarios de referencia pueden convertir en caricatura una aspiración esencial de nuestra sociedad, y al espíritu y la letra de la Constitución, cuando menos, en pura cantaleta: «El poder del pueblo, ese sí es poder», repetirían de estribillo.
Lo confirmó a nuestro diario el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, al ser interpelado sobre la efectividad en la tramitación de las quejas y planteamientos de los ciudadanos, como parte de una entrevista a propósito de la constitución de las asambleas municipales del Poder Popular.
El funcionario denunció que la gestión deficiente de algunas administraciones entorpeció hasta ahora la celeridad de la respuesta o solución de los problemas. No solo se dilatan las respuestas, sino además el encuentro en que las administraciones tienen que darles solución o explicación a los planteamientos. «Por eso es que muchos delegados se lamentan de no encontrar en algunas administraciones el suficiente apoyo para su gestión», manifestó Toledo Santander.
Aquí habría que añadir que los delegados —sobre todo ahora que se estrena un nuevo mandato— deberían pasar de las lamentaciones a las atribuciones, porque entre tantos «llantos» de estos años se escaparon en algunos sitios —además de lágrimas— las funciones, el carácter y hasta el respeto por el Poder Popular en la base.
Abundan los reclamos de comunidades y pueblos del país sin recibir el apoyo o acompañamiento consecuente de los poderes públicos a esos niveles.
Ello ocurre pese a las atribuciones que tienen las asambleas municipales y sus miembros, recordadas también en la entrevista de Toledo Santander. Estas incluyen las de fiscalizar y controlar a las entidades de subordinación municipal, designar y sustituir a los miembros de su Consejo de Administración; designar y sustituir a los jefes de las direcciones administrativas y de empresas pertenecientes a la subordinación municipal; determinar la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, además de conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta de los electores que les presente su órgano de administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos, entre otras.
Sin embargo, como apunté en otra oportunidad, al seguir las sesiones de la Asamblea Nacional o de otros órganos del poder estatal, parece existir una unanimidad abrumadora, y son escasos los debates en los cuales se confrontan posiciones, que no tienen que ser de principios u objetivos estratégicos.
Ello ocurre cuando el debate se hace más imprescindible para la solidez y coherencia de las decisiones que se toman, sobre todo en circunstancias tan complejas, en las que se requiere la mayor fuerza, autoridad y prestigio de la institucionalidad revolucionaria.
Desconocerlo sería una muestra lamentable de ignorancia o tibieza, que podría dejar en manos de charlatanes, como los de la fábula danesa, los mágicos hilos con los que se ha tejido el Poder Popular en Cuba.
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