La igualdad de acceso no siempre implica igualdad de oportunidades. Parecería extraño afirmar esta idea, aunque la Cuba revolucionaria aprendió la lección en otros momentos, y deberá honrarla especialmente ahora, cuando ajusta los mecanismos de su política económica y social.
Recordemos, para sustentarlo, que el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, reconoció en el año 2000, ante un auditorio negro, en la iglesia norteamericana de Riverside, que creíamos al principio que el establecimiento de la más absoluta igualdad ante la ley y la absoluta intolerancia contra toda manifestación de discriminación sexual, en el caso de la mujer, o racial, como es el caso de las minorías étnicas, harían desaparecer esas injusticias de nuestra sociedad. «Tiempo tardamos en descubrir... que la marginalidad, y con ella la discriminación racial, de hecho es algo que no se suprime con una ley ni con diez leyes...», admitió sin cortapisas Fidel.
No puede ignorarse que nuestro Estado socialista acomete la actualización de su modelo en medio de una distorsión de la pirámide social y de una acentuada estratificación. Mientras crece un sector solvente, con posibilidades de usar sus ingresos para distintos fines, en el extremo opuesto está otro cuya situación económica le impele hasta a acudir a subsidios estatales para poder satisfacer requerimientos básicos.
De ahí la necesidad de que atemos con hilos de seda, a la sensibilidad de todos, el principio socialista de que en Cuba nadie quedará desamparado; de que en este proceso de acomodo de la economía y la sociedad ninguna persona o familia quedará a la deriva, sin enlaces salvadores con esa cuerda mágica de justicia que nos unió después de 1959.
Lograrlo implica que el cambio de la política igualitarista, que subsidiaba productos, por otra que lo hace a las personas, ocurra sin traumas, además del necesario afianzamiento de una estrategia tributaria que permita contar con fondos para sostener una adecuada concepción redistributiva y asistencial de nuestro Estado, como establecieron los acuerdos del VI Congreso del Partido.
La prevención la despiertan casos que conocí en los últimos tiempos, y que incitan a pensar que pudieran existir otros, sin que hayamos desarrollado los antídotos de responsabilidad institucional y solidaridad colectiva pertinentes, pese a contar ya incluso con instrumentos legales y una sensible política estatal.
En fecha reciente vino hasta la redacción del diario, a plantear la situación que padecían, una familia con una delicada condición de humildad que había perdido su vivienda a causa de un incendio. También por estos días conocí, en la comunidad de El Güirito, entre las montañas de Baracoa, a una mujer desesperada, que invadió incluso las instalaciones de la escuela local, para protegerse con sus hijos, y aún enfrentaba ese dilema. Ella, al igual que otro joven de un batey cercano, perdieron su casa en uno de los últimos desastres naturales y no han podido recuperarla.
Hay un denominador común lamentable en todas las historias: ninguno de los implicados conocía que se tomó la decisión gubernamental de destinar parte de los ingresos obtenidos por la venta liberada de materiales de la construcción para subsidiar la construcción de un módulo básico de vivienda a aquellas personas y familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Miles de familias se han beneficiado con esa medida, sin embargo, hay una parte de quienes necesitan de ese mecanismo que ignora que puede acceder a él, o no es capaz de hacerlo por incapacidad para asimilar su entramado legal. Y ello es triste, porque tan significativa como la decisión, fue la forma en que se anunció por las autoridades. Estas dejaron sentado que no se trataba ni de caridad pública ni de regalo, sino del cumplimiento de una obligación constitucional.
Establecieron también que la decisión gubernamental de otorgar subsidios a las personas y núcleos con menos posibilidades económicas es una política que promueve la igualdad de oportunidades en el país; que no se quede nadie sin protección, y que se haga efectiva la solidaridad colectiva, organizada a través del Estado socialista. El subsidio no es un gesto filantrópico, sino otro modo del Estado socialista para proveer posibilidades de protección a los ciudadanos más vulnerables.
Entonces, habría que hacer valer adecuadamente la política, tal como se planteó al anunciarla al país: «En nuestro caso no se deja solo al ciudadano, se le apoya aunque él está frente a la situación de desarrollar su iniciativa para administrar créditos y para, con el esfuerzo de la familia, llevar a cabo el mejoramiento de su situación de vivienda, sin esperar a que otro venga a resolvérsela».
Solo de esa última manera, con la sensibilidad de las estructuras comunitarias y del poder popular, en casos como los mencionados, la igualdad de acceso podría significar, exactamente, igualdad de oportunidades.
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