La vida demostró que el otorgamiento de subsidios por sí solo no les resuelve a muchos beneficiados la necesidad imperiosa de arreglar sus casas. Ni aun el dinero contante y sonante significa «chirrín chirrán, caso resuelto».
El fenómeno se destapó debido a personas a los que se les convierte una barrera infranqueable llevar a cabo los trámites e incluso gestionar quién les asuma la ejecución del inmueble.
Entre otras causas, el pasado año en el país se dejaron de ejecutar 70 millones de pesos correspondientes a las subvenciones del Estado a familias con insolvencia económica, lo que evidencia que algo funcionó inadecuadamente.
Al razonar sobre esa circunstancia, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, argumentó a dirigentes gubernamentales de esta provincia sobre la necesidad de apoyar a los subsidiados que afrontan determinadas limitaciones.
La alerta incita a perfeccionar los sistemas de trabajo y acompañar a los imposibilitados de despejar los laberintos para llevar a feliz término una construcción.
Los subsidios sufragan la compra de los materiales para la ejecución, su transportación y el pago de la mano de obra, con el fin de fabricar células básicas habitacionales, es decir, obras nuevas, y la conservación menor y mayor.
Pero en la reglamentación no se previó que los beneficiados con esa ayuda económica pudieran utilizar fuerza de trabajo del sector estatal. Estaban obligados a recurrir a los particulares.
Más allá del análisis del porqué de esa limitación, vale que se haya reconocido ahora que existen caminos legales que permiten a los auxiliados contratar y pagar al ente estatal para la construcción de su vivienda.
Esa solución progresa en Villa Clara con el fin de apoyar a los que realmente les resulte imposible gestionar, por las circunstancias de los años y sus achaques, el posible constructor y el seguimiento a la obra.
Tampoco se puede desconocer la presión con la mano de obra para la recuperación de la vivienda en Villa Clara. A más de 51 000 inmuebles afectó el huracán Irma, y después la tormenta subtropical Alberto dañó otra cantidad apreciable.
A pesar de los pesares, en diez meses se resarcieron más de 30 000 viviendas, el 59 por ciento del total. La venta de materiales de la construcción, aunque existen déficits de determinados productos, ha beneficiado a 45 000 damnificados con una bonificación de 80 millones de pesos.
La nueva medida, una facilidad más a favor de los necesitados, está sustentada en el lógico razonamiento de que los socorros otorgados a los más vulnerables puedan aprovechar la capacidad constructiva estatal. Entonces, bienvenida sea.
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