Hace unos días, camino a Pinar del Río, la guagua de Viazul que tomé en la autopista se detuvo diez minutos, como está establecido, en el centro turístico Las Barrigonas, que hace camino a la ciudad. Algunos viajeros decidieron tomar el buen aire que se respira en ese sitio, otros apostaron por un café o golosinas que se venden allí y los más necesitados utilizaron los servicios sanitarios. Hasta ahí todo bien.
La preocupación para este reportero vino al escuchar cómo unos viajeros se quejaban de la falta de listado de precios en el área donde se expenden la piña colada, los bocaditos, los refrescos… «No es posible que los dependientes sean los que me digan cuánto cuesta y uno sin saber el precio real», decía uno de ellos. Otros aludían a como vociferaban los productos y solo si preguntabas conocías cuál era su costo.
La escena de otros establecimientos volvía a repetirse en este. No es la primera vez que escucho —y compruebo—, que los precios de los productos no están a los ojos del público. ¿Se trata de un favor lo que estamos exigiendo?, se preguntaban los transeúntes. Claro que no. Lo vivido demuestra que los derechos de los consumidores siguen siendo vapuleados, muy a pesar de la existencia de la Resolución 54/2018 del Ministerio de Comercio Interior.
Esa norma jurídica es clara en relación con el tema que abordamos: «Que se muestren en un lugar visible los precios de los productos y servicios que se ofertan». Entonces, ¿por qué no se cumple con lo establecido ante un problema que incide de manera negativa en la vida de los cubanos y la mayoría de las veces nada tiene que ver con carencias y dificultades materiales?
Se trata de una molestia relacionada con la actitud y aptitud de quienes brindan servicios, y más aun de quienes tienen que exigir y aplicar medidas disciplinarias cuando se vulneren los derechos de la población. Sabemos que la existencia de una legislación no resuelve, por sí sola, irregularidades como esta, pero si se implementa seriamente no tiene por qué caer en saco roto.
Si quienes violan derechos del consumidor como el ya descrito —y otros relacionados con la calidad de los productos y servicios, el peso de lo comprado, los malos tratos, la ausencia de factura o comprobante de venta…— tuvieran realmente que compensar, indemnizar y reparar por los daños y perjuicios causados, otro gallo cantaría.
Como aseguró el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Asamblea Nacional del Poder Popular de julio último, sin sistemas de control y servicios de calidad no es posible hablar de una verdadera protección al consumidor; más bien corremos el riesgo de que se convierta en consigna, y no daremos al pueblo el servicio que realmente merece.
Estos tiempos exigen también de la necesaria reclamación, queja o denuncia de cuantas violaciones sucedan. Ojalá que la cultura del detalle, la presencia visual y el esmero en la atención —que tanto hemos demandado y exigido—, habiten con más fuerzas al visitar una unidad del comercio, la gastronomía y los servicios, tanto del sector estatal como del privado. Solo así ganaremos esta batalla contra los infortunios.
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