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El cheque de la discordia

El lector Luciano Rodríguez nos alerta de los tropiezos que se presentan cuando una entidad radica en un edificio multifamiliar, e intenta asumir los pagos por ciertos gastos colectivos.

Luciano es el presidente de la Junta de Vecinos del inmueble sito en 19 de Mayo número 37, entre Amézaga y 24 de Febrero, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución. Y antes de su queja, recuerda que en el artículo 57 del Reglamento General de los Edificios Múltiples se establece la obligatoriedad de cualquier entidad económica o social que radique en un edificio de vecinos, de sufragar su parte correspondiente de los gastos colectivos del mismo.

Precisa que cuando se crearon las Juntas de Vecinos por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), se estableció que debían tener una cuenta en el Banco para depositar el importe de las mensualidades cobradas a los inquilinos.

En 2003, cuando se compró una motobomba para el agua, el establecimiento que radica en los bajos hizo su aporte mediante un cheque. Pero cuando fue a depositarlo no se pudo, porque la cuenta de banco de la Junta de Vecinos es de ahorro y no puede ingresar cheques. Y las entidades estatales solo pueden pagar por cheque a una entidad que tenga cuenta corriente en el Banco, puesto que tampoco les está permitido hacer pagos en efectivo.

Al fin, la Resolución 524 del 2003 del INV, de conjunto con el Banco Popular de Ahorro (BPA), aprobó la pro forma que faculta a las juntas de administración de los edificios multifamiliares a abrir y operar una cuenta corriente en las sucursales de este último. Y la presidida por Luciano abrió la suya, con el número 820, en la sucursal del BPA de Ayestarán y 19 de Mayo. Desde entonces, hicieron depósitos y extracciones mediante cheques.

Cuando recientemente fueron a sustituir la bomba de agua del edificio, mediante el programa energético, el establecimiento estatal que radica en ese inmueble hizo su aporte mediante cheque, como era habitual en esa sucursal, que hoy pertenece al Banco Metropolitano. Y cuando se fue a depositar en la cuenta corriente, la directora de la sucursal les comunicó que la de la Junta de Administración es una cuenta de ahorro, y por tanto, no admite cheques.

«Lo que en un momento fue cuenta corriente —subraya—, ahora es de ahorro sin ninguna explicación. Los mecanismos del Banco impiden que los establecimientos estatales puedan contribuir a los gastos del edificio donde están ubicados. Los vecinos del edificio estamos obligados a sufragar la parte de los gastos que corresponden al establecimiento estatal. No me parece justo».

La segunda carta la envía Ubaldo Peña López, desde Jesús María 12, entre Pepe Antonio y Desamparados, en el municipio capitalino de Guanabacoa. El remitente siente orgullo de ser nacido y criado en ese sitio tan especial de La Habana, y siente un gran cariño por las tradiciones e historia de esa villa.

Por eso, le duele y avergüenza que a raíz del importante festival folclórico Wemilere, recientemente celebrado en áreas del parque de Guanabacoa, frente al Gobierno municipal, no se haya previsto la instalación de baños públicos para evento tan masivo, con música bailable y venta de comestibles y bebidas.

«Esta carencia, refiere Ubaldo, origina que los asistentes hagan uso de áreas aledañas al evento. Pero no piense usted que guardan una cierta distancia lógica para no afear el espectáculo. Por el contrario, las necesidades líquidas y sólidas se realizan en el costado de la sede municipal, bajo las ventanas de sus oficinas y por la misma línea del escenario, a unos 30 metros empleando esquinas que forman las columnas, entradas de pasillos y de escaleras y portales».

Recuerda el guanabacoense que en ediciones anteriores del Wemilere se instalaban los baños con todos los requerimientos: casetas, muros en la parte inferior para evitar que los desechos corrieran por la calle, interconexiones con tuberías de barro hasta el alcantarillado, y la limpieza con pipas de agua al amanecer.

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