Acuse de recibo
¿Estaré excediéndome en inconformidad con tenues respuestas de algunas entidades a denuncias de hechos complejos y lamentables? ¿Me identifico demasiado con la gente y sus problemas, al punto de perder la objetividad? Ojalá que los lectores me ayuden a encontrar el punto de equilibrio si realmente lo extravié. Pero uno tiene sangre en las venas también.
Hoy, con la respuesta de Luis Anache, director (por sustitución reglamentaria) de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Mayarí, provincia de Holguín, retomo la trama denunciada aquí el 8 de septiembre de 2010 por el ingeniero Orlando Castro, residente en esa localidad.
Como antecedente, Orlando contaba que, tras vivir agregado con su esposa e hijos en casa de sus padres, hacía un año le habían asignado un apartamento construido por la empresa donde labora, la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez. Ya en enero de 2010 tenían su libreta de abastecimiento, y en la llamada Oficoda le dijeron que debía esperar por los equipos de cocción eléctrica del programa de la Revolución Energética, cuyas entregas estaban en ese momento detenidas.
Y poco más de un mes antes de revelarse su queja, Orlando vio en el comercio local el módulo y un cartel que anunciaba su venta para los nuevos núcleos familiares. Como había pasado casi un año esperando, pensó que llegaba el día. Pero en la Oficoda le informaron que solo lo vendían a quienes ya habían gestionado el crédito bancario.
Aun así, el núcleo de Orlando aparecía en el listado de nuevos núcleos. Les solicitaron el contrato de la casa; y como la misma es medio básico, le explicaron sobre una resolución que prohíbe la venta del módulo para esa modalidad. Posteriormente, Orlando constató que solo se estaba considerando a las familias residentes en casas erigidas por esfuerzo propio, una vez adquirida la propiedad.
Le ofrecieron incluirlos en la cuota de queroseno de la bodega. Y Orlando, que tampoco tiene fogón para ese combustible, porque ya no existen, desesperaba por que no hubiera solución para quienes reciben viviendas en calidad de medio básico y vinculada, como si no tuvieran también que cocinar.
Al respecto, a esta redacción arribó la respuesta de Anache el pasado 11 de enero, más de cuatro meses después de publicada la queja. En la misma, el funcionario informa que se creó la consabida comisión, integrada por los subdirectores de Fiscalización y Control, y Comercial, junto a la especialista en Atención a la Población. Visitaron a Orlando y consultaron con el Departamento de Oficinas de Registros de Consumidores (ORC) de la Subdirección Provincial de Comercio.
Se concluyó que a Orlando le asistía la razón en su denuncia, pues «el especialista de ORC en nuestra entidad no interpretó correctamente la resolución mencionada en el periódico». Se le entregó el módulo a Orlando, y se aplicó al especialista una amonestación pública, «teniendo en cuenta que posee una satisfactoria trayectoria laboral y nunca ha sido sancionado». Y se discutió el caso con funcionarios y trabajadores, para que «hechos similares no ocurran».
Finalmente, manifiesta que «siempre recibiremos con receptividad cualquier queja relacionada con nuestra entidad».
La receptividad con las quejas se demuestra no ya tardíamente, cuando trascienden públicamente en un medio de prensa nacional; sino allí, cara a cara con los ciudadanos, con mucha oreja y deseos de resolver.
El deber elemental de un funcionario que atiende a los consumidores es dominar e interpretar correctamente la legislación que rige sobre asuntos tan sensibles, para no fallar y hacer esperar tanto a alguien. Entonces es cuando hace falta la fiscalización y el control, para que luego no haya que armar comisiones al paso, ni regañar apenas a quien tergiversó el espíritu de una resolución.
