Acuse de recibo
Desde Finca Palmarito, en el barrio Portillo, de Amancio Rodríguez, provincia de Las Tunas, el 9 de noviembre de 2012 el campesino Orlando Benito Puga alertaba de que estuvieran durmiendo en una gaveta lejana, en la capital, papeles decisivos para la manutención de su familia.
Durante más de 18 años Orlando Benito había vivido y trabajado en la finca de su tío, quien falleciera el 30 de mayo de 2007. Al mes del deceso, solicitó la declaratoria de herederos para legalizar las tierras a su favor y enrumbar trámites con el Ministerio de la Agricultura.
En julio de 2008 —contaba— lo declararon único heredero, pues solo él había estado viviendo y laborando junto al fallecido. Pero ante esa resolución, sobrevino en noviembre de 2011 una solicitud de apelación y revisión por parte de otro familiar, explicaba él.
El problema era que en noviembre de 2012 aún no había respuesta del Ministerio de la Agricultura. «Por favor, tengo una familia que mantener. Trabajo todos los días de sol a sol, y no tengo remuneración, pues sin documentos no cobro ni un centavo. Es posible que los papeles duerman tranquilos en una gaveta, y yo estoy desesperado e indignado por tanta indolencia», concluía Orlando Benito.
Al respecto, responden Omar Yoel Pérez y Roberto Saavedra, delegado de la Agricultura y director de Control de la Tierra, respectivamente, en la provincia de Las Tunas. Ellos explican que Orlando Benito Pérez estuvo inmerso en un proceso sucesorio de la tierra y bienes agropecuarios dejados al perecer su tío Albio Puga Estrada, que se decidió por Resolución 335 del 2009 del delegado del Ministerio de la Agricultura en Las Tunas.
Aclaran que, contra esa resolución estableció recurso de apelación el padre de Orlando Benito, Rolando Daniel Puga Estrada. Y cuando Orlando Benito escribió a JR, el expediente estaba en trámites en las oficinas del Centro Nacional de Control de la Tierra, en La Habana.
Informan que con la Resolución 863 del 4 de diciembre de 2012, del Ministerio de la Agricultura, fue declarada sin lugar la apelación de Rolando Daniel. La misma le fue notificada a Orlando Benito el 31 de enero de 2013 y se le otorgó el certificado de tenedor inscripto, con todos los derechos que ello presupone, incluyendo el cobro del dinero que se encontraba retenido en el Banco, de los cheques cancelados de ganado mayor con el Bandec del municipio Amnancio Rodríguez.
Agradezco la respuesta, y solo quedó por saber por qué demora alrededor de un año el fallo sobre algo que incide tanto en la vida y el trabajo de una familia.
El pasado 14 de abril, el capitalino Mario Martínez Casado comentaba alarmado aquí el hecho de que un mismo paquete de chorizos marca Oro Rojo tenía, en tres establecimientos de la cadena Tiendas Panamericanas de la capital, diferentes precios en CUC: 2,25, 2,50 y 2,80. Al consumidor le parecía inaceptable y sospechosa la variación…
A propósito, responde Carlos Luis Grass Valido, gerente general de la Sucursal Habana del Este de la Corporación Cimex, que se visitaron los establecimientos señalados y se comprobó que la mercancía referida se corresponde con el código 26027007000000, y su valor de venta es 5,20 CUC el kilogramo.
«Es una mercancía —refiere— cuyo precio es variable. En dependencia de su peso así será su precio de venta, lo cual explica que en estos lugares tuviera diferentes precios. Esta modalidad de venta se utiliza fundamentalmente en los productos frescos, y le da la posibilidad al cliente de adquirir cantidades de acuerdo con sus necesidades. Y entre sus derechos está verificar mediante las pesas de comprobación el peso y precio de los productos».
Añade Grass que se visitó al cliente y se le explicó detalladamente lo relacionado con las ventas de peso variable, así como las especificidades de la comercialización de estos productos por el proveedor Oro Rojo.
La prontitud en la atención al cliente, el esclarecimiento de su queja con elementos probatorios y la respuesta a esta columna merecen un reconocimiento por su agilidad y eficacia.
Hoy es día de cuentas claras y justicia.
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