Acuse de recibo
Al paso huracanado de Ike, en 2008, mucha fue la destrucción reinante. Sin embargo, dentro de las prioridades para restaurar, las instituciones de servicio público suelen ocupar un lugar cimero.
A eso apelaba el holguinero José Luis Romero Cabrera (Edif. 21, Apto. 5, 3er. piso, B-1, Comunidad Militar Hermanos Aguilera, Rpto. Pedro Díaz Coello) el 7 de diciembre de 2013, cuando alertaba en este espacio sobre la bodega de la comunidad Los Hoyos, en Chaparra, municipio de Jesús Menéndez, Las Tunas.
Tras visitar a su hijo, residente en la citada localidad, José Luis se encontró que el centro de expendio de alimentos para los lugareños (Los Pinos No. 3388) había sufrido un derrumbe total y se encontraba radicando —provisionalmente— en la casa de la vecina Melba Ochoa.
Representantes institucionales del municipio —refería el lector— manifestaron que se iba a reconstruir la entidad, pero luego de cinco años no se veía nada claro al respecto. Y como es lógico, los habitantes de la zona se preguntaban hasta cuándo duraría la provisionalidad.
A propósito contestan Martha Oduardo Ramírez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Norge Hernández Velázquez, vicepresidente a cargo de los Consumos y Servicios en dicho órgano.
Lo primero que comunican los directivos es que el remitente no había sido atendido con anterioridad en las oficinas del Poder Popular del municipio. Y a partir de ahí informan acerca de la comisión que se creó para investigar el asunto publicado. Como personas entrevistadas en torno al caso solamente mencionan a «Regalado Ferras Rodríguez, subdirector de Ciencia y Técnica» (suponemos que de la Dirección municipal de Comercio, pues la misiva no lo precisa).
Igualmente, explican que en la indagación llevada a cabo por el director de Comercio en Jesús Menéndez, Raciel Rivas Amat, se pudo comprobar que «la bodega El Pino No. 3388, situada en Los Hoyos, al paso del huracán Ike por el municipio fue reportada dentro de las 14 bodegas afectadas como derrumbe total de la Empresa de Comercio, encontrándose entre las nueve unidades que quedan sin ejecutar en dicha empresa».
Por último, refieren los funcionarios que «esta bodega cuenta con el 70 por ciento de los materiales para su ejecución, los cuales están a pie de obra». La construcción se inició el 15 de septiembre del año en curso y debe concluir «el 31 de diciembre de 2014», apuntan.
Y cierran así su misiva: «Conclusiones: teniendo en cuenta los elementos que fueron adquiridos durante la investigación realizada, la comisión consideró calificar la queja Con Razón, quedando el caso orientado».
Agradezco la contestación, pero creo que urge comentar varias cuestiones. A más de nueve meses de publicado el caso (la misiva está fechada el 19 de septiembre y llegó el día 30 a JR) es, cuando menos, un lamentable error de comunicación enviar una respuesta con tantas lagunas.
Sugiero algunas de las múltiples preguntas que podrían ahora mismo formular los habitantes de la comunidad y los lectores de esta columna: ¿Aún está la bodega radicando en la casa de una consumidora de la localidad? ¿Tiene allí las condiciones óptimas de funcionamiento? ¿Cómo, por qué y hasta qué fecha se decidió esto? ¿Qué consecuencias prácticas provoca a los vecinos? ¿Cuánto se ha interactuado con ellos para ver en qué forma pueden contribuir a resolver el dilema de todos? ¿Se les ha informado oportunamente?
Resulta inquietante que como único entrevistado del proceso investigativo en cuestión los remitentes mencionen a otro funcionario. ¿Y los sufrientes del problema?
Una sección de un periódico no ha de enseñar a estructuras de gobierno a hacer su trabajo —nada más lejano a nuestro objetivo en Acuse—, pero sí debe brindarle un espacio para el diálogo ciudadano, para el contacto público con las personas, quienes al fin y al cabo son afectadas y protagonistas de cada historia. Y si esa estructura de gobierno no aprovecha el puente comunicativo, hay que revisar qué sucede.
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