Acuse de recibo
Un grupo de trabajadores privados de Cayo Mayabe, en el municipio de Holguín, con patente para la actividad de alfarería, escribe para indagar por qué los inspectores del Cuerpo de Guardabosques allí los multan reiteradamente, por la extracción de tierra para la fabricación de ladrillos.
Los firmantes —Jorge Hernández Salinas, Manuel Pérez Torres, Juan Carlos Ramírez Conte y Julio César Calderón Pérez— manifiestan que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) no ha emitido normativa alguna para regular la extracción de tierra para producir ladrillos. Ni tampoco hay al respecto regulaciones del Instituto de Planificación Física (IPF), insisten.
Argumentan que su labor siempre ha constituido una fuente de trabajo allí; y, en tal sentido, existen problemas que afectan el buen desempeño del trabajo por cuenta propia en esa actividad, por no existir una fuente de recursos materiales.
Y se preguntan, ya que tienen patente para esa labor, por qué el Gobierno o los organismos correspondientes no les proporcionan la materia prima, sencillamente la tierra, para el desarrollo satisfactorio de su trabajo.
«¿Estamos realizando alguna actividad ilegal, inquieren, al utilizar la materia prima fundamental para la realización de nuestro trabajo, para lo cual nos han dado la patente establecida?
«Valdría la pena señalar que muchas viviendas de nuestro municipio y de la provincia se han levantado con nuestros ladrillos, fruto del trabajo a lo largo de casi una centuria. Sin nuestra labor la industria de materiales de la construcción colapsaría, ya que el Estado no tiene en estos momentos la capacidad de enfrentar la demanda creciente».
Y recaban una respuesta multifactorial del Citma, del IPF y del Ministerio de Energía y Minas, porque ellos quieren estar «dentro del marco legal y seguir aportando al desarrollo de nuestro pueblo, lo que para ello se necesita el reconocimiento y el apoyo de las instituciones y sus dirigentes».
El pasado 21 de septiembre, desde el municipio habanero de Guanabacoa, Ana Beatriz Peña, licenciada en Estudios Socioculturales, contaba que se interesó por una plaza vacante de instructora de arte en la secundaria básica Osvaldo Zamora.
¿Y qué sucedió? Tanto en la Dirección Municipal de Educación, como en la Provincial, le dijeron que no podían hacerle el contrato, porque ella no era instructora de arte graduada.
Ana Beatriz argumentaba que su carrera universitaria tiene convergencias con la de Instructor de Arte, y que ella tiene sensibilidad para el teatro, el cine, la música, la literatura y la cultura cubana. Y por un requisito meramente burocrático no puede emplearse como instructora de arte, ni le hacen una prueba de suficiencia.
Al respecto, responde Zenaida Camacho Hernández, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Apunta que el 13 de septiembre de 2016 la jefa de Recursos Humanos de la Dirección de Educación en Guanabacoa le explicó a la solicitante «que no cumplía con ninguno de los requisitos de calificación formal para ocupar la plaza de instructora de arte».
Se le ofertaron, explica, las plazas de profesora de Historia, de Español-Literatura y de Educación Física, en los niveles de Secundaria Básica y Preuniversitario, para las cuales sí reunía los requisitos establecidos. Y no aceptó ninguna de las ofertas.
Agrega que, a partir de los análisis del Consejo de Dirección en Guanabacoa, de conjunto con la jefa de la Brigada José Martí en esa instancia y los metodólogos provinciales y nacionales que atienden a los instructores de arte, se valoró el perfil profesional, campos de acción y esfera de actuación del egresado de Estudios Socioculturales.
Y se determinó que en su caso, solo puede impartir el programa de Apreciación de las artes en séptimo grado, para lo cual se procedió a contratarla solo en esa asignatura, porque no reúne los requisitos para impartir el resto de los programas que desarrollan los instructores de arte.
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