Acuse de recibo
Ni las instituciones estatales, y mucho menos los Gobiernos locales, deben someter a los campesinos al vaivén de zigzagueantes políticas y afectarles económicamente luego de aprobarles sus proyectos. Y mucho menos desconocerles luego.
El campesino Orestes Rodríguez Vega, socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Benilde Orozco, en Veguitas, municipio granmense de Yara, se siente engañado y dañado pecuniariamente por las autoridades de ese territorio, que no han cumplido con él.
Cuenta Orestes que en 2012 esa CCS, y él como su representante, solicitaron al Gobierno municipal de Yara y a Planificación Física un permiso para instalar un punto de venta de productos agropecuarios en Veguitas, lo cual fue aprobado. El puesto fue instalado en la intersección de las calles José A. Saco y Modesto Díaz, en la localidad.
Todo funcionaba a las mil maravillas, hasta que comenzaron los robos que personas ajenas cometían, al aprovechar la vulnerabilidad del quiosco. En consecuencia, los daños económicos fueron considerables.
Tras varias gestiones, se autorizó por el Gobierno y demás entidades competentes, construir una edificación más segura. Se erigió entonces, en un espacio vacío, y con la aprobación del Gobierno municipal y Planificación Física, un local con mayor seguridad, hecho de mampostería. Y el valor de la obra, unos 60 000 pesos, fue costeado íntegramente por Orestes.
Todo parecía marchar viento en popa y a toda vela, hasta que en 2014 llegó una ordenanza del Gobierno municipal de que no se podía seguir vendiendo allí, porque el local se iba a utilizar para un consultorio médico.
Entonces Orestes, como inversionista de la cooperativa, reclamó al Gobierno municipal, bajo el argumento de que, si en última instancia era necesario el local para el consultorio, entonces aquel debía indemnizarle los gastos incurridos en el local.
«Solicito a esta sección que divulgue esto, y clame, al igual que yo, por una investigación que aclare todo, y dé fin a mi perjuicio, devolviéndome total o parcialmente el dinero invertido por mí», concluye Orestes.
Kirenia Martínez Morales (Quirós No. 6, entre Ríos y Roloff, Sagua la Grande, Villa Clara) relata que de sus tres hijos, el del medio, con cuatro años de edad, padece una grave enfermedad llamada miocardiopatía dilatada. Y desde hace un año tiene tratamiento con cuatro tipos de medicamentos, entre estos la L-Carnitina, que es importada.
El drama es que, desde agosto de 2017, no puede adquirir este medicamento en la red de farmacias. Cuando le dijeron que estaba en falta, fue, en septiembre de 2017, a ver a la especialista que atiende medicamentos importados en el almacén central de medicamentos de Villa Clara, quien le respondió que los medicamentos se presupuestan para un año, y en 2017 se sobregiró el consumo, por lo cual debía esperar a 2018, en que se vuelvan a recontratar.
Pero cuando me escribió, el pasado 24 de enero, aún el medicamento no estaba en Cuba, y Kirenia comenta: «Es una falta de responsabilidad y una indolencia que porque alguien cometió un error de cálculo, niños enfermos se queden más de seis meses sin medicación, y no pase nada. ¿Cómo le explico al corazón de mi niñito que le falta un medicamento por un error de presupuesto?», señala.
Como madre desesperada, Kirenia hizo una gestión en el exterior, y de España le enviaron las medicinas de marras.
«Y resulta —afirma— que desde el pasado octubre están los paquetes en la Aduana, sin que se les den destino para las correspondientes oficinas de Correos. No hay explicación para tanta burocracia que está impidiendo que un niño enfermo tome su tratamiento completo. La cruda realidad es que la salud de mi hijo se deteriora y ningún funcionario ha podido resolver ni uno ni otro problema», concluye la madre.
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