Acuse de recibo
Un proceso tórpido en extremo. Así calificó la capitalina María Santiesteban Portuondo (Calle 26, No. 116, entre 13 y 15, Vedado, Plaza de la Revolución), el tortuoso recorrido que ha enfrentado para agenciarse ciertas prestaciones de la Asistencia Social.
De 67 años, sola, y viviendo en condiciones difíciles, María narró en estas páginas el 22 de julio de 2017 que desde 2015 presentó en el municipio su solicitud para recibir la referida ayuda. Tras una primera desaparición de su expediente, evocaba la lectora, Ivón, trabajadora de Asistencia Social a nivel municipal, hubo de reconstruirlo y presentarlo ante una subdirectora en esa instancia.
Volvió a estancarse el papeleo. Se dirigió la doliente a las estructuras provinciales de Seguridad y Asistencia Social. Sobrevinieron varias solicitudes infructuosas desde ese escaño al municipio. Cuando el 22 de septiembre de 2016 se presenta la veterana ante la directora y subdirectora municipales le comunican que su expediente, una vez más, no aparecía...
Continuó pasando el tiempo, y con otras mediaciones de la provincia, se le asignó a la anciana finalmente una chequera, que, según bromeaba ella, poseía carácter inalámbrico, por no estar sostenida en ningún expediente. Junto a esto narraba la capitalina estar esperando, desde octubre de 2016, la visita municipal para que se verificara su necesidad de un colchón. Las autoridades correspondientes aludían haber acudido a la casa sin que ella se encontrara, pero la mujer, que dejó sus teléfonos en todas las entidades relacionadas, argumentaba que jamás le avisaron de ninguna visita.
Por último narraba la remitente que a finales de mayo el administrador del comedor comunitario en el que recibe alimentación la llamó para explicarle que «en el listado trimestral enviado por el municipio no aparecía mi nombre. Y esta situación se mantuvo (…) hasta que por acción de provincia acaba de llegar la información».
Al respecto contestan Irina Torres Folgado y Reynier Palacio Villalón, subdirectora y director de Trabajo y Seguridad Social. Apuntan los especialistas que la anciana «se encuentra protegida por una prestación monetaria (PMT) de 147.00 pesos y un servicio de alimentación (SAF) de 45.00 pesos, con No. de expediente 120 190 y un control bancario de 02740, desde el 29 de septiembre de 2016».
Por otra parte, las instancias municipales de Asistencia Social presentaron «de inmediato» (no precisa la fecha) ante el Consejo de la Administración Municipal (CAM) la solicitud de artículos de primera necesidad como: «sábanas, batas de casa, blumers, calzado, toallas, pijamas, sayas, blusas, sobrecama, entre otros; quedando pendientes otros como: cama y colchón, por la no existencia en la tienda. En estos momentos la Dirección Municipal de Trabajo se encuentra realizando gestiones con Comercio para satisfacer las necesidades de la población».
Sobre la vivienda de María, los funcionarios apuntan —citando información del CAM— que efectivamente se encuentra inhabitable, pero la afectada «(no) es propietaria de dicho inmueble, por lo que no puede solicitar subsidio. (...) Se le indicó a la subdirectora del Municipio, Yaima Fae Nodal, una tramitación a través del CAM para solicitarle una vivienda. Además se le informó que si desea obtener más información puede entrevistarse con Raúl García Quintana, vicepresidente de la Construcción del municipio de Plaza, que atiende a la población todos los lunes a las 2:00 p.m.».
Los directivos consideran el reclamo como «orientado y con razón en parte».
Agradezco la misiva, que llegó a nuestra redacción el 18 de diciembre pasado, es decir, cinco meses después de publicado el caso. Luego de leerla varias veces y reseñarla, he de decir que es de esas contestaciones que, lamentablemente, da vueltas sobre el tema en cuestión y responde muy poco de lo que se demandaba. La carta de María narraba sobre varias pérdidas de su expediente, procedimientos errados, indolencia. De esto, ¿qué aluden los funcionarios municipales? Por otra parte, la imprecisión en cuanto a fechas en que se solicitaron los recursos entregados y se gestiona la posible entrega de un colchón y una cama (también de primera necesidad), deja una lamentable nebulosa al respecto. ¿Por qué el nombre de María no aparecía en el listado del comedor comunitario? Nada se explica, tampoco. ¿Quiénes fueron o son responsables por las dilaciones en el proceso de la anciana? ¿Qué medida se ha tomado con ellos? En fin, que un «expediente de pérdidas» requiere de integrales respuestas.
