Acuse de recibo
Desde la calle Pobre No. 254, entre Academia y Tuinicú, en la la ciudad de Camagüey, me escribe Sandra Navarro Valdés para contar la insatisfacción con su proceso de jubilación, el que califica de «algo traumático y fuera de contexto», y que le ha provocado tanta incertidumbre.
Cuenta que es artesana y miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), inscrita en el Registro del Creador para las Artes Plásticas y Visuales. Y antes fue trabajadora en diferentes empresas estatales, laborando como ingeniera.
Después de 33 años de labor, haber llegado a la edad de 61 años, tener una vida muy activa dentro de la ACAA y haber pagado su seguridad social como artista, solicitó en enero pasado su jubilación. Y el 16 de marzo, en entrevista con la especialista de trámites del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass) en el municipio, esta le explicó que recibiría una pensión de 340 CUP, con lo cual estuvo de acuerdo.
El expediente pasó al Inass central, en La Habana, para ser aprobada. Y con la pandemia de la COVID-19, todo se retardó, hasta pensó que se había perdido el expediente. Después de tanto ir y venir, el 20 de octubre pasado le informaron que había llegado con alta 4/2020, y fecha de expedición de la Resolución Concesoria 443922 de 31 de agosto de 2020.
«Para mi gran sorpresa, afirma, ya no sería una pensionada de 340 pesos, sino de 120; algo que me dejó atónita, pues ya esto había sucedido con dos colegas artistas el pasado año y aún sin solución. Es por eso que el 26 de octubre me personé en la Dirección Provincial del Inass en Camagüey y entregué un recurso de revisión dentro del plazo de 30 días después de la notificación, el cual demorará hasta 90 días después de ser recibido en la instancia nacional».
Por todo ello, por la no coincidencia con lo antes calculado por los especialistas en su provincia, es que Sandra manifiesta su inconformidad. «No está ni cercana a la pensión mínima aprobada para cualquier trabajador en el país».
Y precisamente por no estar en plena capacidad para volver a laborar por problemas de enfermedad, es que pregunta: ¿Cuál es la protección que tendré en el futuro dado los cambios que se avecinan en el país?
«Reclamo lo que considero que me pertenece y avala mi expediente y tiempo de trabajo. He vivido honradamente de mi talento y por ello he sido en muchas ocasiones reconocida. ¿De qué me vale ahora? Fríamente me entregaron esa cifra y se supone que es la última palabra. En estos momentos somos tres artesanos en la Asociación en la misma situación con diferentes condiciones, y sin embargo el cálculo es el mismo valor de 120 pesos», concluye.
Ángela de Pablo Salazar (Carretera Central Este No. 515, entre Chile y Argentina, reparto El Retiro, ciudad de Camagüey) cuenta que tiene un vecino con licencia otorgada para celebrar fiestas de cumpleaños y bodas en su casa. Y los festejos se celebran en la azotea de un segundo piso, con bafles de música a todo volumen.
Las actividades, afirma, comienzan más o menos a las siete de la noche, «hasta que ellos entiendan a la hora que debe terminar, que puede ser las 12, la una o las dos de la madrugada, y a veces ha sido más».
El horario, señala, sería lo de menos si no fuera porque la música es al volumen que ellos determinen, sin respeto que es un lugar donde solo hay viviendas. Y los vecinos tienen la obligación, el día que ello ocurre, de oírlo sin derecho a descansar, ver la televisión, oír su música o estudiar e ir al trabajo al día siguiente.
«En nuestro país se están perdiendo valores que toda sociedad civilizada tiene que tener. Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Solo queremos saber si tenemos o no razón y derecho a vivir en paz. Y si es así, en qué documento podemos encontrar lo permisible en estas actividades, y adónde nos tenemos que dirigir para canalizar esta situación que lleva bastante tiempo ocurriendo», concluye Ángela.
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