Acuse de recibo
El pasado 5 de octubre, desde el municipio santiaguero de Contramaestre, Idalberto Pupo Cámbara, joven estudiante de 4to. año de Medicina, contó aquí que es huérfano de ambos padres. Y a raíz del fallecimiento de su mamá, el 2 de marzo de 2021, en abril inició trámites para la pensión en la Dirección Municipal de Salud, donde ellos laboraban.
Reconocía que tardó un mes en esas gestiones, pues se le había extraviado el carné de identidad; y también porque, según la entidad, le correspondía una pensión conjunta. En mayo le informaron que al proceso se le daba continuidad en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, donde la funcionaria Karina le explicó que la pensión era de 1 568 pesos, y debía pasar a recogerla el 30 de junio. Ese día fue y le dijeron que el documento no había salido aún, que regresara el 20 de julio.
«Llevo varios meses —decía— acudiendo a dicha entidad para obtener la misma respuesta: Siga esperando. No cuento con ningún ingreso económico, solo el estipendio de estudiante. ¿Cuántos meses más tendré que esperar?».
Responde Virginia M. García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), que por las investigaciones llevadas a cabo se conoció que Idalberto «tiene razón en la queja, en la que explica que se demoró en la presentación de la solicitud del trámite, pero existió también demora en la tramitación de la pensión por la filial del Inass; fue el actuar incorrecto de los especialistas del Inass lo que incidió en la dilación del trámite».
No obstante, añade, el trámite fue resuelto y causó alta en las nóminas de la Seguridad Social en este mes de octubre, con una cuantía de 1 595 pesos mensuales, incluida en la primera mensualidad 7 865 pesos por concepto de pago retroactivo desde el 3 de mayo de 2021, fecha en que se solicitó la pensión.
Se disculpa con el joven por las molestias causadas e informa que «fueron adoptadas un grupo de medidas para que no se repitan situaciones como estas, que empañan la imagen de nuestra institución».
Y aclara que el fallecimiento de la madre de Idalberto fue en 2021 y no en 2001 como, por error mecánico de este redactor, apareció en el periódico, motivo por el cual me disculpo también con Idalberto y nuestros lectores.
Agradezco la respuesta y la rectificación del caso. Solo lamento que la Directora General no precisara las «medidas adoptadas» con los especialistas de la filial del Inass responsables de la dilación del trámite.
Ángel Agüero Cuza (Avenida 101 No. 2807, entre 28 y 30, Cotorro, La Habana) relata que el 7 de septiembre pasado tres supervisores de la Dirección Integral de Supervisión del municipio se personaron en el portal de su casa, donde su nieta, Rachel Guerra Agüero, tiene una venta de garaje. Y al no hallar irregularidad alguna, pues todo estaba en orden, le dijeron que el paso podálico no iba donde estaba, sino a la entrada del pasillo. Y que el agua no tenía cloro, porque se lo echaron en las manos y no olía.
Por ello, refiere, le impusieron a su nieta una multa de 3 000 pesos. Les reclamaron por lo que consideraban injusto, pues sí estaba el paso podálico… a la entrada del negocio. Y el agua era clorada. Lo esencial, para Ángel, es que su nieta es una joven que comienza en ese negocio:
«Lo primero que debían de haber hecho —dice— era orientar y persuadir, no llegar y multar así por así. Hicimos la reclamación a la DIS, y, por supuesto, la declararon sin lugar. Que si quería reclamar fuera al Tribunal, donde debe poner un abogado para dicho trámite. Y en el Bufete cobran sobre los 1 500 pesos para hacer una revisión judicial, todo esto por la injusticia cometida.
«También entregué queja en Atención a la Población para el Intendente del municipio, y esta es la fecha en que no me ha dado respuesta, aunque ya he ido en dos oportunidades».
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