Acuse de recibo
«El tiempo pasa y nos seguimos mojando», advierten Vivian Ricardo Calzadilla, Milaidis Tamayo Marrero, María Antonia Olivera Roche, Maritza Santiesteban Hernández y Elda Marcané Parra, vecinas de calle A, en la comunidad La Curva, del municipio holguinero de Báguanos.
Cuentan que sus casas fueron afectadas por el huracán Sandy en 2012, y se dañaron los techos de estas, que eran de canalón. La reparación la hizo una brigada de Umbrales, la Empresa Provincial de Conservación, Rehabilitación y Servicios a la Vivienda.
Se utilizaron planchas de zinc que carecían de calidad a pesar de ser nuevas. Se colocaron en las viviendas sin la caída requerida, lo que originó su deterioro en la parte central de estas, por la filtración del agua cuando llueve, con deterioro en algunos casos.
Precisa que cuando se fueron a poner los techos de zinc, los damnificados solicitaron que se colocaran de dos aguas. Y la Vicepresidenta para la Construcción del Gobierno municipal entonces, hoy la Intendente, se negó y adujo que ello afeaba el entorno. Además, ese trabajo no se culminó, y quedó un espacio de 15 centímetros entre el purling y el cerramento. Los propios afectados tuvieron que comprar cemento, ladrillos y arena para darle terminación.
Por el deterioro acumulado de los techos, en diciembre de 2019 solicitaron una entrevista con la entonces Presidenta del Poder Popular, quien les dijo que cuando se hiciera la convocatoria para los subsidios, los solicitaran a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV). Así lo hicieron en febrero de 2020. Visitaron las casas por la DMV y una trabajadora social. Y hasta el sol de hoy nada sucede.
«En varias rendiciones de cuentas del delegado, señala, hemos planteado la situación, sin respuesta alguna. Este 30 de noviembre lo reiteramos, y Lenna Cortina Almanza, subdirectora de la DMV, expresó fríamente que en la actualidad los techos tenían un valor de ¡90 000 pesos!», concluye.
«Un hombre formado por esta Revolución, defensor de nuestro país, de nuestro sistema y gobierno, un cubano que quiere trabajar legal y ordenadamente», así se presenta el trabajador por cuenta propia Ediesey Torres Yrsula, residente en Calixto García 104, entre Donato Mármol y Masó, en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba.
«Quiero importar herramientas y materia prima para mi negocio de cerrajero, dice. Pero la Aduana General de la República dice que no lo puedo hacer porque se consideraría con carácter comercial. Debo recurrir a las empresas importadoras estatales para dicho paso».
Le asaltan dudas, que requerirían una respuesta sólida de las autoridades competentes: «¿Por qué no puedo gestionar los recursos que necesito para desarrollar mi negocio, sin intermediario? ¿Acaso el bloqueo norteamericano no aplica sanciones a esas empresas cubanas? ¿Qué garantía tengo de que el suministro de mis recursos no se verá afectado por esa vía? ¿Acaso esas empresas importadoras pueden gestionar recursos, tecnologías, equipos y materias primas que el Estado necesita para resolver problemas que tenemos en el país, y que por las restricciones del bloqueo norteamericano se han agravado con el paso de los años?
«¿Cómo trabajar, desarrollar los negocios y aportar a la economía del país si se nos atan las manos con mecanismos burocráticos y poco efectivos, y se encarece la vida del cubano con altos precios por los altos costos de producción y de importación?
«¿En qué afecta que una persona importe lo que quiera mientras no sea prohibido y dañino para el país y la población? Eso ayudaría al Estado a quitarse innecesarias cargas; y ganaría doble, porque cobraría la importación y los tributos del trabajador por cuenta propia.
«Otra ventaja es que al entrar al país los recursos que al Estado se le dificulta por los motivos mencionados, los precios serían más asequibles producto de la competencia y la oferta», concluye.
