Acuse de recibo
Pedro A. Pérez Santana (Calle 30 al final, Caibarién, Villa Clara) cuenta que su casa está ubicada entre la fábrica de sorbetos y la Constructora Militar. Y hace unos tres meses en dicha fábrica, al levantar una tapia de gran extensión, rompieron la tubería de agua que abastece a los vecinos del área.
Uno de los vecinos afectados, dice, fue a ver al director de Acueducto y Alcantarillado, y lo que recibió fueron respuestas evasivas. Y el propio Pedro fue el 22 de noviembre pasado a ver al propio directivo, quien le dijo que al siguiente día mandaría una brigada al sitio del problema. Y no fue ninguna brigada.
El 29 de noviembre Pedro fue al Poder Popular a plantear su queja. Y la compañera que lo atendió habló por teléfono con el mismo director de Acueducto y Alcantarillado. Este le dijo que al siguiente día resolverían el asunto. La compañera le dijo entonces a Pedro que si al otro día no iba la brigada, volviera por el Poder Popular. El director de Acueducto y Alcantarillado incumplió su promesa, y Pedro volvió por el Poder Popular el 1ro. de diciembre.
«¿Hasta cuándo se va a extender este problema?, pregunta. ¿Adónde más tengo que dirigirme ante la falta de seriedad y de preocupación de ese funcionario? El problema no se resuelve, pero tampoco se da una explicación convincente y sigue pasando el tiempo.
«Quien escribe es una persona de la tercera edad, que vive con su compañera, quien es también de edad avanzada. Y tenemos ese inconveniente con el agua», concluye.
Desde la comunidad rural El Tomeguín, en el municipio matancero de Perico, Yunalky Garban Martínez aguarda porque se le haga justicia, y en su caso familiar tan vulnerable se cumpla con la orientación del Gobierno cubano de atender en especial a los más necesitados.
Cuenta que tiene un hijo de 15 años que estudia en la Escuela Especial Mártires de Bolivia de ese territorio; y es de lento aprendizaje, no retiene mucho en su mente. Y ella es una mujer muy enferma: diabética, hipertensa, cardiópata y con insuficiencia respiratoria. Y ahora está presentando insuficiencia renal.
Ella trabajó como cuidadora a domicilio por el Ministerio del Trabajo en casas de encamados y postrados. Pero no pudo continuar precisamente por sus patologías. Y con el ordenamiento monetario, la trabajadora social que la atiende le hizo el expediente para que le otorgaran una ayuda económica.
«En enero de 2021, refiere, me pagaron una prestación de 2 060 pesos; y hasta hoy no me han vuelto a pagar. En reiteradas ocasiones me he presentado con la trabajadora social, le pregunto, y me dice que hay que esperar».
Ante la demora prolongada, Yunalky fue a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, y el director le manifestó que había que buscar su expediente.
«Lo cierto es que hasta la fecha no aparece el expediente, dice, ni se le da solución al problema. Además, la persona que entrega la chequera me informó que el expediente estaba para Colón. Veo que el proceso, en lugar de progresar, está retrocediendo por parte de alguien que no quiere trabajar bien.
«Pregunto: ¿Con qué documento entonces realizaron el primer pago? Si mi hijo y yo no podemos trabajar, ¿de qué vivimos? ¿Cómo puedo comprar mis medicamentos y los alimentos? Me siento desamparada», concluye.
Tanta alusión, y tantos requiebros, merecen que las instituciones del territorio hagan un análisis de por qué se han desentendido del caso. No merece Yunalky tanta insensibilidad, y mucho menos, el olvido, que es como una lápida para siempre.
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